Sanidad publica_optNuestro sistema público de salud descansa cada vez más sobre los hombros de abnegados profesionales, sometidos a continuos recortes, escasos equipamientos e infraestructuras, falta de personal y turnos inhumanos.

Escribo esta columna aún convaleciente de una operación por desprendimiento de retina que sufrí a finales del mes pasado, como consecuencia de un golpe fortuito cuando iniciaba mis vacaciones en un albergue rural de Navarra. En menos de una semana he recorrido las Urgencias de tres hospitales públicos, uno en Pamplona, otro en Vitoria y finalmente en Málaga, mi ciudad, donde tuve la operación. Tres Comunidades y una misma pregunta: ¿hasta dónde están dispuestos nuestros gobiernos a seguir tensando la cuerda de la resistencia de los sanitarios?

Nuestro sistema público de salud descansa cada vez más sobre los hombros de abnegados profesionales, sometidos a continuos recortes, escasos equipamientos e infraestructuras, falta de personal y turnos inhumanos. En el primer hospital al que acudí ni siquiera me pudieron realizar la pertinente ecografía del ojo dañado debido a una avería del aparato. En el último me hizo un electrocardiograma una sanitaria que llevaba 14 horas de turno en unas Urgencias saturadas hasta un nivel difícil de olvidar, como no se ha cansado de repetir el sector desde hace años. ¿Cómo hacerlo?

He visto a enfermeras y enfermeros atendiendo a pacientes en camillas no ya arrinconadas por los pasillos, sino incluso en los despachos del personal administrativo. Los profesionales con los que tuve ocasión de hablar lo tenían claro: además de todo lo que he mencionado, la causa principal es la liquidación de la atención primaria, donde cada vez resulta más difícil obtener una cita en plazos razonables. En Andalucía lo conocemos bien. Los pacientes no tienen otro remedio que acudir a los servicios de urgencias hospitalarias, desbordados ya de por sí, y más desde el golpe de la pandemia. Baste un dato para Málaga: solo hasta julio el Hospital Regional Universitario había atendido 80.000 urgencias.

El resultado es inequívoco, como cualquiera puede comprobar sin necesidad de un periplo hospitalario parecido al mío: la merma de un derecho, el de la atención sanitaria universal y gratuita, que en cualquier democracia avanzada resultaría irrenunciable.

Esta situación resulta especialmente indecente cuando, en el segundo año de pandemia, hemos sabido, por ejemplo, que el Gobierno central ha aumentado el gasto en armamento, o que no deja de camuflar ingentes cantidades de presupuesto para el mantenimiento de la Corona, lo que incluye al rey furtivo. Durante el confinamiento, el presidente de nuestro Gobierno central aplaudía desde Moncloa cada tarde al personal sanitario, mientras que ahora los alcaldes erigen placas o monumentos de agradecimiento y los presidentes autonómicos les ensalzan en sus discursos navideños y cada vez que toca un nuevo empujón a la campaña de vacunación. A la hora de la verdad, sin embargo, no se les pagan los atrasos salariales, como en el caso andaluz, no se construyen los centros de salud prometidos en campaña ni se mejoran siquiera las condiciones para acceder a la profesión. En algunas regiones se hace a cara perro, como en la Comunidad de Madrid, donde el camino hacia la privatización de facto es ya indisimulable, y en otros se hace más de tapadillo, como aquí en Andalucía, donde el PSOE dejó bien sentados los cimientos sobre los que ahora se acomoda el trifachito.

El resultado es inequívoco, como cualquiera puede comprobar sin necesidad de un periplo hospitalario parecido al mío: la merma de un derecho, el de la atención sanitaria universal y gratuita, que en cualquier democracia avanzada resultaría irrenunciable. Ni siquiera una emergencia sanitaria como la que vivimos, la mayor en un siglo, está removiendo la escala de prioridades de casi ninguna administración.

Nuestro sistema público de salud está en la cuerda floja en numerosas comunidades. Vivir en tiempos de pandemia global con esa certeza solo genera ansiedad en los trabajadores y en la población en general, esa a la que luego se le pedirá no solo que aplauda a las ocho de la tarde, sino que acuda puntualmente a las urnas. Eso sí, con mascarilla y guardando la distancia de seguridad, que los hospitales están al límite.