Categoría: ARTÍCULOS, CRÍTICAS, VARIOS

• La política ensimismada de Europa con las vacunas ha demostrado que todo lo que no pase por la liberación de patentes será una falsa cura de humildad.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Si te lo montas bien puedes producir vacunas a tal escala como para mudarte a una mansión de Mumbai (India) por 100 millones de euros, alquilarte otra en Londres para tus escapadas por 58.000 euros a la semana o fardar con algún Rolls Royce, uno más de tus 35 coches de lujo. Sobre todo ahora, cuando se ha desatado una guerra comercial provocada por la escasez de vacunas. Si no fuera por los millones de muertos, daría hasta risa. Y es que si personajes como Adar Poonawalla, el “príncipe de las vacunas”, se pueden permitir ese tren de vida se debe, en parte, a que la Unión Europea, como el resto de países del lado privilegiado, ha abogado por el libre mercado para abordar una crisis sanitaria como esta.

Mientras en Rusia o China ya tenían desarrolladas sus vacunas, Europa, en un gesto de prepotencia trasnochada -indigno cuando los muertos se cuentan por millones- despreció todo lo que no viniera de la Big Pharma occidental. Esa política, que está costando vidas, nos deja en ridículo. Un país de nuestro entorno, como Marruecos, está vacunando a un ritmo muy superior al de todos los Estados de la UE (excepto Malta).

En Europa, ya lo sabemos, Pfizer no envió todas las dosis comprometidas de su carísima vacuna porque Israel pagó un 50% más, AstraZeneca no tiene empacho en esconder en hangares clandestinos millones de dosis producidas en el continente para exportarlas al Reino Unido del Brexit, o directamente sacarlas de tapadillo a otros países de la Commonwealth. Quien paga manda, ¿no? Eso lo sabemos nosotros y cualquier dirigente de la Unión Europea. Da igual que finjan escandalizarse y en ruedas de prensa amenacen, con mirada torva y palabras graves, a esa misma industria farmacéutica con la que, en plena sintonía, han pactado con alevosía y opacidad el futuro de nuestra salud. Esas ruedas de prensa no dejan de ser una manera de soslayar el verdadero fondo de la cuestión: por qué no tenemos vacunas de libre patente.

La política ensimismada de Europa con las vacunas ha demostrado que, en el desprecio a los demás, sigue presa de su pasado colonial

El despropósito europeo llega a tal extremo que hace poco nos enterábamos de que, desde casi un año atrás, un equipo finlandés desarrolló una vacuna con patente libre. Para homologarla solo le faltaba la última etapa de los ensayos clínicos, pero el Estado le denegó la financiación precisa. Hoy día, con recursos envidiables y una población de tan solo cinco millones y medio de habitantes, Finlandia podría tener inmunizada a su población y cualquier país con capacidad suficiente estaría produciendo esa vacuna. Sin embargo, como buen Estado miembro, optó por los contratos turbios con las grandes farmacéuticas. Para colmo, según publicó The Lancet, se calcula que, tirando a la baja, los productores de vacunas han recibido 10.000 millones de dólares de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro. Con esa cifra cuesta entender que no se les obligara a liberar las patentes, pero también que, del mismo modo que compartimos instituciones financieras, Europa no cree infraestructuras sanitarias que puedan fabricar nuestras propias vacunas.

Se estima que únicamente con liberar las patentes de las vacunas de la COVID se producirían 60 millones de dosis al día, cinco veces más que en la actualidad. Solo en España ya andamos entre los 80.000 y los 100.000 muertos, pero nuestro país, con el Gobierno “más social de la historia”, ha vuelto a posicionarse en contra de las patentes libres. En una pandemia que arrasa por todo el globo, Europa ni siquiera sabe ser egoísta. Si tan solo un 0,1% de las dosis se está administrando en países de ingresos bajos, las nuevas mutaciones del virus nos golpearán antes o después, y nuestras codiciadas vacunas no serán eficaces contra todas ellas.

La política ensimismada de Europa con las vacunas ha demostrado que, en el desprecio a los demás, sigue presa de su pasado colonial, de la misma vieja prepotencia, de un espíritu aleccionador que le ha dejado en evidencia y le ha arrastrado a una guerra comercial que buscó airadamente y ha acabado por perder. Todo lo que no pase por aprobar la liberación de patentes en época de pandemia será una falsa cura de humildad. Y de nuevo costará vidas.

• En mitad de una crisis sanitaria como la que atravesamos, cuando el trabajo como única vía de acceso a la renta parece un mal chiste, la lectura del ensayo ‘El problema del trabajo’ (Traficantes de Sueños), de la estadounidense Kathi Weeks, resulta tan pertinente como apasionante.

[Publicado originalmente en El Salto]. No deja de sorprender que los principales escollos con los que chocan propuestas como las de la renta básica, o la drástica reducción de la jornada laboral, sean muchas veces, y además desde la izquierda, de orden puramente moral. La ética del trabajo, un imperativo social inherente a la marcha del capitalismo, permea todo discurso sobre las políticas de empleo, las luchas sindicales o cualquier intento de humanizar las condiciones laborales y hacerlas compatibles con ese significante, cada vez más laxo, que llamamos “conciliación”. En un mundo donde, simplemente, hay menos trabajo que trabajadores, ocupar un tercio de tu vida en un empleo se sigue considerando un deber colectivo y el principal valor ciudadano.

No importa que nuestro modelo extractivista y expansionista haya dejado el planeta en las últimas, ni que el valor social de la mayoría de los empleos sea nulo. La ética del trabajo ha calado hasta el punto de que ni los ministros comunistas del actual gobierno recuerdan aquello de la alienación, ni el anhelo del viejo Marx por la consecución de una jornada laboral tendente a cero. ¿Cómo es posible que, en un sistema basado en el consumo, la figura del trabajador aún sea reivindicada por cierta izquierda como la quintaesencia del hombre cabal y, desde hace décadas, también de la mujer? Ni las luchas posteriores al 68, ni el auge del feminismo y el ecologismo parecen finiquitar una estructura moral que, de este modo, no solo identifica trabajo y ciudadanía, sino que da la espalda incluso al marxismo más ortodoxo. De pronto, se iguala capitalista y obrero en una especie de destino común gracias al trabajo y sus asociaciones moralistas: cultura del esfuerzo, superación, trabajo creativo, conciliación, y toda una suerte de nuevos términos que, en última instancia, solo conducen a la docilidad social.

Genealogía del gran engaño

Este inaudito mecanismo merecía un estudio riguroso, serio y desdramatizado como el que Kathi Weeks ha escrito, por primera vez traducido al español, gracias a Traficantes de Sueños y la espléndida versión de Álvaro Briales Canseco. Pero además, El problema del trabajo: feminismo, marxismo, políticas contra el trabajo e imaginarios más allá del trabajo, es un hermoso texto a favor de la vida.

El ensayo se adentra en lo que su autora llama “el mapa de la ética del trabajo”

 

Seguir leyendo “El rechazo al trabajo como cántico a la vida”

• La Junta acaba de cerrar el último centro para menores infractores que aún quedaba en Andalucía bajo gestión pública, un paso más en su desprecio y trato brutal a los más vulnerables.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Cuesta entender el ensañamiento con el que la Junta de Andalucía se está cebando con los menores y los jóvenes más vulnerables. Hace tan solo una semana, como culminación de un proceso que ya venía de lejos, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local clausuró de golpe el último centro de internamiento para menores infractores que quedaba en toda Andalucía bajo gestión pública, el San Francisco de Asís, en Torremolinos (Málaga). A los 108 trabajadores que formaban su plantilla tan solo les habían avisado unos días antes, de manera que ahora mismo no tienen ni idea de qué va a ser de su futuro laboral, porque nadie en la Junta les ha dicho dónde, cómo y cuándo serán reubicados.

En realidad, esta vergonzosa actuación responde a un desprecio generalizado por los menores que simplemente se ha intensificado desde que el Gobierno autonómico cayó en manos del PP y Ciudadanos, con Vox como apuntador.  Entre los logros de otra de las Consejerías, la que ocupa Javier Imbroda, sin duda el peor consejero de educación que haya tenido nunca Andalucía, se encuentra la próxima reducción drástica de plazas en centros educativos públicos de niñas y niños de tres años o mantener en la cuerda floja a las intérpretes de lengua de signos para el alumnado sordo, un servicio al que obliga la ley andaluza. Hace unos meses, sin ir más lejos, de una manera tan dolorosa como imposible de olvidar, la Junta trataba de lavarse las manos en la muerte del joven Ilias Tahiris en el centro de menores Tierra de Oria, de Almería, después de que se le aplicara un salvaje protocolo de inmovilización.

Menores como objetos

Lejos de que este suceso despertara algo de humanidad en nuestros gestores, el cierre del San Francisco de Asís demuestra todo lo contrario. El San Francisco de Asís constaba originalmente de un centro de día que atendía a centenares de menores, y al que justo hace ahora un año la Consejería dio el cerrojazo. Igualmente, tenía también dos pisos de convivencia, que han desparecido con el centro de internamiento, y en el que 16 menores cumplían hasta la semana pasada las medidas judiciales. El centro de internamiento albergaba en la actualidad a 15 internos, que llegaron a ser 45 antes de que, aproximadamente una década atrás, comenzara el desmantelamiento del servicio. Ahora, a una gran parte de sus 15 internos los han trasladado a Granada, a otro centro de gestión privada, como el Tierra de Oria, igual que quien lleva una maleta de un sitio a otro.

La plantilla del centro San Francisco de Asís -esos 108 trabajadores arrojados súbitamente a la deriva laboral- incluía educadores, monitores, equipo técnico (psicólogas, asesores sociales técnico de menores, trabajadoras sociales, etc.), ordenanzas, cocineras, vigilantes, etc. Evidentemente, sus derechos adquiridos como personal laboral de la Junta se mermarán de modo notable el día en que sean reubicados en cualquier puesto de gestión privada.

Los derechos de los menores se someten a imposibles criterios de rentabilidad, cuando, tal y como consagra el artículo 25.2 de la Constitución, toda acción debería orientarse a la reinserción social.

Su angustia solo es comparable a la que, sin lugar a dudas, están sufriendo los menores y sus familias. Para empezar porque alejar a los internos de sus familias, como ha sucedido con su traslado inesperado a Granada, atenta contra el interés superior del menor, un principio supuestamente rector en estas actuaciones. Además, porque entregar el cuidado de menores al interés privado no es en absoluto garantista. La Junta se desentiende de la gestión directa, lo que está provocando menos control en las medicaciones o en el tipo de castigos. Se dan casos de desigualdades entre los internos que, por ejemplo, se pueden costear televisores en su cuarto y los que no. Las condiciones laborales del personal en los centros privatizados, considerablemente peores, tampoco obran en sentido garantista. En definitiva, los derechos de los menores se someten a imposibles criterios de rentabilidad, cuando, tal y como consagra el artículo 25.2 de la Constitución, toda acción debería orientarse a la reinserción social.

Con mucha probabilidad la siguiente ficha que caerá en la casilla de la privatización sea la de los centros de protección de menores. Sencillamente, “protección” y “menores” son dos términos que la Junta no sabe unir. Hace unas semanas Vox intentaba, sin éxito, chantajear al Gobierno autonómico con la mamarrachada del llamado “pin parental”. Sin embargo, la brutalidad con la que la Junta está liquidando estos servicios no ha necesitado del empujoncito final de la extrema derecha. Para nada. Ciudadanos y PP se bastan solitos para demostrar día a día que el cuidado de nuestros menores está en manos de unos desalmados.

• Un año ha bastado: las bonitas promesas de inicio de legislatura y los pactos de coalición ya solo salen en los titulares para certificar su incumplimiento.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Incluso para lo que estamos acostumbrados, y teniendo en cuenta que en esta ocasión no gobierna en solitario, al PSOE le ha durado muy poco el barniz progre: algo más de un año, el que dista desde la sesión de investidura.

El último hito lo puso este lunes José Luis Ábalos, cuando nos explicó a todos que vale, que igual la Constitución reconoce la vivienda como un derecho, pero que en realidad “también es un bien de mercado”. En cuanto se desmelenan, a los ministros del PSOE se les pone la cara en blanco y negro, ya sea para, como Ábalos, hacernos recordar a aquel viejo franquista que quería un país de propietarios y no de proletarios, o a Carmen Calvo para azuzar la transfobia con un repentino giro de discurso demasiado similar al de la extrema derecha.

Un año ha bastado: las bonitas promesas de inicio de legislatura y los pactos de coalición ya solo salen en los titulares para certificar su incumplimiento. No habrá regulación del precio de alquiler de las viviendas, a pesar del pacto firmado, que no ofrece lugar a interpretaciones. No habrá derogación de la Ley Mordaza, que ahora viene muy mal, sobre todo cuando a la gente le ha dado por manifestarse a favor de la libertad de expresión y nada mejor para disuadirnos que un buen disparo que te quite un ojo y las ganas de tonterías. Tampoco se va a derogar la reforma laboral, como no sea pasando por encima del cadáver de Nadia Calviño, que por lo pronto ya ha hecho el mérito de que no se cumpla el acuerdo de la subida del salario mínimo. De lo de la reforma de la Corona si eso ya hablamos cuando vuelva el emérito, si le apetece, pero de momento vamos a seguir gastando un pastizal en su retiro de fugado VIP. Lo del trato humanitario a los migrantes y la depuración de los cuerpos de seguridad, en fin. Si en Canarias no se está tan mal y tampoco pasa nada por que la Audiencia de Madrid acabe de imputar a toda la cúpula policial del Gobierno de Rajoy y que tantos implicados sigan tranquilamente en sus puestos. Qué más da si la guardia civil admite torturas hasta la muerte. Seguro que Marlaska tiene mucho lío como para ocuparse de esas menudencias.

Ábalos ha dado carpetazo a tanta chorrada. A partir de ahora el gobierno no va a legislar en materia de derechos sociales, sino a “promover” medidas, porque “imponer” está feo. Yo le agradezco la sinceridad. ¿A qué tipo de desgraciado autoritario se le ocurriría imponer un precio justo para un bien de mercado como, sin que lo supiéramos, es la vivienda? Vale que tenemos una pequeña crisis por no sé qué de una pandemia y que los índices de pobreza que se nos vienen encima van a ser de récord, pero bueno, para eso ha puesto el ministro Escrivá un Ingreso Mínimo Vital, aunque se parezca más bien poco al pactado. Ahora, lo que toca, es mirar hacia adelante, o hacia arriba, con altura de miras, cuanto más alto mejor: a Marte, que no en vano ha llegado un cacharro con tecnología española. De las cosas terrenales ya se ocupa, ya “promueve”, el gobierno.

Un añito ha pasado, un añito nada más.

• En medio de una crisis climática, sanitaria, económica y social como la actual, solo los más indecentes se empecinan en vender que el capitalismo nos sacará de esta.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Nos extinguiremos como especie, seguramente antes de lo que hoy podemos imaginar, y en el pico más alto de la remota isla que haya sobrevivido a la desertificación del planeta y la subida del nivel del mar, el “emprendedor” de turno intentará convencer a los últimos humanos de que la iniciativa privada, el esfuerzo, la meritocracia y la privatización del bosque de al lado nos podrán salvar.

En medio de una crisis climática como nunca habíamos conocido, una pandemia que reparte millones de muertos por todo el planeta, una debacle económica y social en ciernes, solo los más indecentes se empecinan en vender que el capitalismo nos sacará de ésta. Sobreviviremos, a pesar de la Unión Europea y su gestión mercantil de la crisis, de nuestros gobiernos municipales, autonómicos y estatales, incapaces de imaginar una solución que no pase por poner parches temporales. Sobreviviremos, a pesar de tantos medios de comunicación, casi indistinguibles en su discurso de fondo. Sobreviviremos, a pesar de nuestro sistema educativo, cada vez más orientado al mercado laboral y alejado de las humanidades. Sobreviviremos, porque no habríamos llegado hasta aquí si por debajo de todo el control que los poderes imponen a nuestras vidas no hubiéramos establecido, desde tiempos inmemoriales, mecanismos de cooperación. Sobreviviremos, sí, pero el daño será irreparable y la herida nunca cicatrizará si aún tenemos que oír que este es el mejor de los sistemas posibles.

Sobreviviremos porque no habríamos llegado hasta aquí si por debajo de todo el control que los poderes imponen no hubiéramos establecido, desde tiempos inmemoriales, mecanismos de cooperación. Sobreviviremos, sí, pero el daño será irreparable

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• La ordenanza que acaba de aprobar Málaga para regular la circulación de patinetes eléctricos y bicis revela, una vez más y en plena pandemia, la falta de políticas medioambientales en la ciudad.

[Publicado originalmente en elDiario.es].   La ordenanza que el Ayuntamiento de Málaga acaba de aprobar para regular la circulación por la vía pública de patinetes eléctricos y bicicleta es indecente, una oportunidad perdida para resolver una cuestión tan necesaria como urgente. A todos los niños les enseñan en las escuelas que la exigencia de un deber tiene que acompañarse de un derecho correspondiente, una lección de ética sencilla y comprensible. No obstante, el Gobierno municipal de Málaga ha optado por obligar a todos los ciclistas a circular, so pena de fuertes multas, por los carriles bicis, una medida sensata, si no fuera porque el Ayuntamiento se ha olvidado de construir esos carriles. No solo eso, sino que la ordenanza recoge también la obligatoriedad de aparcar las bicis en espacios habilitados, pero al mismo tiempo los portavoces municipales reconocen que se les ha pasado habilitar algunos más, ahora tan escasos. Todo esto podría dar risa, si no fuera por lo que en realidad revela un paso más hacia un modelo de ciudad ajeno a cualquier política medioambiental, un modelo alejado de la sostenibilidad y las formas de transporte limpias.

La guerra del PP contra las bicicletas viene de lejos. En Málaga, la legislatura pasada el Gobierno local anunció que no iba a cumplir su propio plan de alquiler de bicicletas municipales, que lo iba a dejar a un tercio de la previsión original. De esta manera, la segunda ciudad andaluza cuenta únicamente con unas pocas estaciones de alquileres, desperdigada en puntos demasiado lejanos como para resultar funcionales, al estilo de Sevilla, por ejemplo. Posteriormente, supimos que el carril bici proyectado para una de las principales arterias de la ciudad, Héroe de Sostoa, que además se trata de una vía muy ancha y de varios carriles, quedaba cancelado sin demasiadas explicaciones. Con el fin de la legislatura, comenzaron las obras para peatonalizar buena parte de la Alameda Principal, en pleno centro. Se trataba en principio de un amplísimo espacio peatonal, con un carril bici establecido en ambos sentidos. Las obras terminaron con el inicio de esta legislatura, pero se habían olvidado de construir el carril bici. El concejal del ramo aseguró que en breve veríamos ese carril. Años después no existe. Seguir leyendo “La guerra contra la bici”

• La subida del precio de la luz no es un problema coyuntural, como nos han dicho, sino que responde a un modelo bien estructurado.

[Publicado originalmente en elDiario.es] En estos últimos días hemos escuchado a varios miembros del Gobierno y a algunos supuestos “expertos” que la inaudita subida de un 27% que, en plena ola de frío, ha experimentado la electricidad es solo un problema “coyuntural”. No es verdad, en absoluto. Ese abuso inconcebible responde a un problema estructural, un modelo que ya arrastraba graves deficiencias, como el abultamiento de los impuestos indirectos de la factura, y que apuntaló el Gobierno de Aznar.

El sistema de fijación de precios, mediante subasta alcista, no es solo opaco, sino que está concebido, precisamente, para favorecer la especulación. Cada día las generadoras prevén la demanda de las comercializadoras de energía para la siguiente jornada. La OMIE (el operador de mercado eléctrico designado) escoge las ofertas de más barata a más cara y de ese modo se va cubriendo la demanda. Si hay poca demanda, enseguida se cubre el proceso con las primeras ofertas, las más baratas. No obstante, si hay mucha demanda, como en caso de una ola de frío, no se cubre hasta llegar a las últimas ofertas, las más caras. Y, milagro, el precio más caro que se pague es el que se fija definitivamente. En resumen: la previsión de consumo alto determina al alza el precio de la luz.

Este sistema, por tanto, no deja intervenir al Estado en la regulación de la tarifa. Por el contrario, trata la electricidad como un bien de mercado más, sujeta a las leyes de la especulación, y no como un producto de primera necesidad. El PSOE ha sido cómplice de este sistema incluso en la oposición. Nunca se ha avenido ni siquiera a reducir el IVA de la factura, como demandan las organizaciones de consumidores. Es de entender si tenemos en cuenta cómo las grandes eléctricas han sido una de las principales puertas giratorias, con el caso más representativo de Felipe González en el Consejo de Administración de la antigua Fenosa, hoy Naturgy (la responsable de los 100 días que en la Cañada Real de Madrid llevan sin luz). No en vano, entre esa empresa, Endesa e Iberdrola controlan el 90% del mercado español.

Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, no parece darse por enterada de nada de esto, cuando precisamente el modelo actual, en tanto que alcista, cierra el paso a la energía renovable, mucho más barata.

Pobreza energética

La pobreza energética afecta ya al 15% de la población residente en España, cerca de 7 millones de personas. Según los datos de la agencia europea Eurostat, en 2018 más de un 9% de la población española no podía mantener su casa suficientemente caliente. El decreto que ha aprobado el Gobierno para “consumidores vulnerables” está resultando del todo insuficiente, empezando por la propia ambigüedad de esa categoría y terminando, como es habitual, por una serie de obstáculos burocráticos sin sentido. El Real Decreto ni siquiera ha recogido el llamado “principio de precaución”, según el cual una suministradora nunca podría cortar el gas, la luz o el agua a un hogar si, previa consulta, los Servicios Sociales acreditan la falta de recursos.

Por todo ello resulta comprensible que en 2017, cuando solo era un diputado del Partido Comunista, y no ministro de Consumo, Alberto Garzón afirmara, ante una subida del precio de la luz menor que la de ahora, que “la oligarquía nos mete la mano en el bolsillo y el Gobierno no actúa. ¡Hay que nacionalizar!”. En términos parecidos se expresaba el mismo año Pablo Iglesias, hoy uno de los vicepresidentes del Gobierno: “Disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice”.

Es una pena que en esta ocasión nos hayamos enterado de que simplemente “hemos pedido a las CNMC que investigue si ha habido irregularidades en el mercado”, como ha expresado en Twitter el ministro Garzón. Menos mal que ha añadido: “Estamos buscando soluciones definitivas para una tarifa regulada que proteja especialmente a las familias más vulnerables”. Donde antes se hablaba de gobiernos cómplices y de nacionalizar ahora nos hemos quedado con buscar, para un futuro indeterminado, alguna tarifa regulada. No sé ustedes, pero yo me he quedado helado.

• Ahora nos parecen ridículas expresiones como “líder político”, “ministro”, o no digamos ya “presidente del gobierno”.

[Publicado originalmente en elDiario.es] En la primavera del año 2020 España entró en estado de alarma, que era la figura jurídica que permitía al gobierno restringir derechos fundamentales y confinar a la población en sus hogares. Uno ponía la televisión y solo encontraba hospitales saturados, sanitarios exhaustos, cadáveres de ancianos abandonados en residencias y cifras ascendentes de muertos, miles de muertos, decenas de miles de muertos. Daba igual la parte del mundo. En cualquier país se improvisaban morgues, el ejército patrullaba las calles o trasladaba ataúdes, a veces en interminables hileras de camiones. Para comprar alimentos había que esperar en colas al exterior, siempre enfundados en guantes, mascarillas improvisadas en casa y convenientemente separados del resto. Ni siquiera los niños tenían permitido salir a la calle. De alguna manera debían seguir telemáticamente el curso escolar, pero muchos no tenían medios para hacerlo o sus padres no podían estar pendientes de ellos las veinticuatro horas diarias que ahora debían convivir. Ellos también trabajaban a distancia si su empleo no era de los considerados esenciales y si no habían sido despedidos. Sectores económicos enteros se descalabraban, y no estaba claro que todo el que saliera indemne de la pandemia fuera a sobrevivir a una crisis que iba a camino de dejar la de 2008 en una anécdota.

El fin de esas medidas, la apertura de fronteras y la llegada del verano acabaron precipitando otra ola de contagios, de manera que en otoño el gobierno recurrió nuevamente al estado de alarma, esta vez sin confinamientos domiciliarios. No cabía duda de que en esta ocasión los hospitales estaban mejor preparados, que la población más vulnerable se protegía en mayor medida y que los contagios entre los jóvenes, desatados tras el encierro de la primavera, por norma general no requerían ingresos clínicos. Con todo, los muertos diarios se contaban otra vez por cientos. Uno pisaba la calle y se veía rodeado por una multitud cautelosa, precavida. Las colas se extendían por los aceras de los establecimientos para no superar los nuevos aforos de interior, y en ellas todo el mundo guardaba un metro y medio de distancia entre sí, apenas se cruzaban brevísimas charlas si se coincidía con un vecino y hasta parecía que por una vez la gente no se comunicaba a gritos, porque se sabía que eso aumentaba las posibilidades de contagio. Ni siquiera estaba permitido fumar en las terrazas de los bares. Ahora nos saludábamos con un choque de codos o la mano en el corazón y, por mucha mascarilla que lleváramos, un observador atento podía apreciar una diferencia sutil en las conversaciones: todos hablábamos como en posición de retroceso, como si estuviéramos a punto de marcharnos, siempre a un brazo de distancia de ese conocido con el que nos topábamos, del antiguo colega de trabajo, de un compañero de un curso al que con la mascarilla casi ni habíamos identificado. En la calle uno se contemplaba como desde fuera, desdoblado, en tercera persona.

Por si fuera poco, la movilidad había quedado restringida. Nadie podía circular por la vía pública en horario nocturno, ni desde luego desplazarse a otro municipio. Solo con la llegada de la Navidad se aliviaron, en cierta medida, algunas de esas restricciones.

Esas mismas Navidades, a la vez que una nueva cepa del virus multiplicaba los contagios, por fin comenzaba en todo el continente la campaña de vacunación. Era un hito impensable tan solo unos meses atrás y que únicamente se consiguió gracias al esfuerzo conjunto de científicos de todo el globo, por una vez libres de intereses geopolíticos.

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