Categoría: ARTÍCULOS, CRÍTICAS, VARIOS

• ¿Por qué ahora, cuando la ciudadanía castigada por la pandemia necesita espacios propios, el alcalde de Málaga anuncia el desalojo urgente de La Casa Invisible? Por su odio a la vida feliz, a la alegría, a lo común, al encuentro no tutelado de la gente

[Publicado originalmente en elDiario.es]. El acalde de Málaga es un necropolítico, un novio de la muerte que detesta cualquier brote de vida en su ciudad. Detesta las iniciativas vecinales, las redes solidarias, las experiencias cooperativas. Detesta, incluso, y de una manera ridícula, las bicicletas y los espacios verdes. Ni siquiera soporta el patrimonio urbanístico, como si cada edificio histórico le recordara que, antes de él, hubo vida por estas mismas calles. El alcalde de Málaga, con una meticulosidad rayana en lo patológico, ha aplicado su piqueta hasta despojar el centro de la ciudad de su carácter y personalidad. Y ya puesto, de sus habitantes. Si uno ve los tuits diarios con los que el alcalde de Málaga repasa los índices de contagios y fallecimientos de esta pandemia, no encontrará muestras de dolor o de humana compasión, sino la fría matemática de la muerte. Con todo, nada más simbólico en su macabro culto que la obstinación con la que se niega a cumplir la ley de memoria histórica. De ese modo, el callejero de barriadas enteras, la mía sin ir más lejos, homenajea a los militares malagueños alzados con Franco. No en vano, a Francisco de la Torre, el necroalcalde de Málaga, solo le sacan de sus casillas cuando le proponen retirar los honores de la ciudad a los ministros franquistas con los que tantos buenos momentos compartió, allá durante su mandato como presidente de la Diputación al final de la dictadura.

Se pueden buscar razones de orden meramente político para explicar por qué ahora, justo cuando la ciudadanía, tan castigada por el rigor fúnebre de la pandemia, necesita espacios propios, ha anunciado el desalojo urgente de La Casa Invisible. En realidad no hay tantas; es su mero odio a la vida feliz, a la alegría, a lo común, al encuentro no tutelado de la gente. Eso le puede, le despierta su lado luctuoso. Por eso, como siempre que se ve acorralado y carece de argumentos políticos, recurre a la mentira.

Las mentiras de De la Torre

Dice el necroalcalde que el edificio que acoge La Casa Invisible desde hace casi quince años no es seguro. Miente. La última de las muchas inspecciones que ha tenido el edificio data de este mismo verano, y una vez más acreditó su seguridad estructural, lo que se debe gracias al extraordinario trabajo de conservación y a las aportaciones económicas de toda su comunidad, que no recibe un céntimo de las administraciones.

Dice el necroalcalde que su Gobierno pretende rehabilitar el edificio y que para ello es imprescindible desalojarlo. Miente. Las rehabilitaciones por fases, sin desalojo, son habituales en edificios administrativos, hospitales o museos, sin ir más lejos. La Invisible presentó ya en 2016 un proyecto de rehabilitación. Fue elogiado y aprobado por la Gerencia de Urbanismo y premiado por el Ministerio de Cultura, que destacó el respeto a las características históricas del edificio, las técnicas y elementos escogidos con criterios medioambientales y que evitara el desalojo mediante una rehabilitación por fases.

Dice el necroalcalde que su Gobierno cuenta con otro proyecto de rehabilitación. Miente. En este caso una mentira de corto vuelo. La propia junta de gobierno ha reconocido que, en realidad, una de sus opciones pasa por el desalojo para entregarle el edificio a la piqueta demoledora (eso sí, conservando la fachada) de algún fondo de inversión (probablemente relacionado con el turismo) y que éste se encargue de la rehabilitación. Esta opción se entiende desde el momento en que los propios servicios municipales dictaminaron hace tiempo que el uso cultural del edificio no resultaría rentable. De hecho, ese tipo de privatizaciones encubiertas resultan muy habituales en Málaga. El Ayuntamiento las llama «cesiones», aunque sean por 75 años.

En el año 2011, cuatro después de que una nutrida red de creadores y activistas locales ocuparan el inmueble de propiedad municipal de calle Nosquera 9-11, el Ayuntamiento de Málaga (junto con la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Museo Reina Sofía) alcanzaron un convenio de cesión temporal del edificio. La Invisible cumplió todos los puntos del convenio, pero De la Torre se escabulló a la hora de firmar. Por eso, según los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, la situación del edificio es de «cesión en precario». En suma, ¿razones políticas? Bueno: más ciudad escaparate, de cartón piedra, más ciudad concebida para el negocio y los visitantes, más turismo, más expulsión de vecinas, más beneficio privado, menos beneficio social. Más dinero (para los de siempre), menos bienestar (para los de siempre).

Más necropolítica. Por eso, la manifestación que ha convocado La Invisible para el 27 de noviembre es una celebración por la vida. Nos vemos.

[Publicado originalmente en Revista Penúltima]. Si la locura es la herida por la que se desangra el discurso ordenado sobre el mundo, quizás la escritura se defina como esa otra hendidura, esa incisión, que araña una superficie ―hueso, piedra, arcilla, cera, arena― para dotarla de sentido. No hay delirio del todo inaprensible desde el momento en que las propias palabras constituyen un sistema pautado, un modo de expresión cuya gramática, vale, tal vez se nos escape a quienes no hemos dado el paso definitivo hacia el abismo. Locura y escritura, más allá de cualquier romanticismo, configuran así, en ocasiones, parte del poliedro de las conciencias desquiciadas. Quizás por ello narrar ese vórtice exija una voz acostumbrada a los meandros del lenguaje, una voz que no tema a la fuga, a la experimentación, a exprimir todas las posibilidades del idioma. Una voz, en definitiva, tallada en la forma poética. Raúl Quinto, poeta y narrador singular, cumple esos requisitos, de modo que ya podemos afirmar que La canción de NOF4 es un libro tan bello, además de exquisitamente editado por Jekill & Jill, como delicado en el trato a sus protagonistas.

NOF4 es una de las múltiples firmas que tuvo Fernando Oreste Nannetti (1927-1994), oficialmente un loco recluido hasta el año 1979 en un manicomio de la provincia de Pisa gracias a  la pervivencia de las leyes fascistas durante las primeras décadas de la democracia italiana. Su obra:  setenta metros de muro en el patio del manicomio escritos día tras día con la hebilla de su chaleco de «contención». Setenta metros de metáfora: el muro de su prisión sanitaria convertido en el lienzo donde grabar lo único que le liberaba, ese flujo de palabras, de incisiones.

Hoy Nannetti se ha convertido en un personaje de culto para los aficionados al art brut, el arte despojado de toda connotación formal, el arte desnudo y en cierto modo primitivista. Y ese es el riesgo: convertir a Nannetti en personaje y, por tanto, deshumanizar a alguien que pasó buena parte de su vida encerrado entre muros y pastillas a causa de una concepción punitiva de la psiquiatría. Este libro, de hecho, es también un viaje que parte de la fascinación por el personaje y arriba a la persona.

Esta es la canción de Nannetti, sí, pero también la de tantos otros locos que trataron de coser, a veces de manera literal, un discurso que les atara al mundo. En el caso de Nannetti con tal obstinación que los restos rescatados de su muro aún se pueden visitar en el museo de un nuevo psiquiátrico, o bien, mientras el tiempo los termina de derribar, adentrándose sin permiso en las ruinas del viejo manicomio. Eso significa el muro de Nannetti, la constatación de que la escritura, que nace como incisión aún rastreable en su etimología, es la única manera de perdurar o, lo que es lo mismo, de decir «Este soy yo y aquí estoy».

Nunca habríamos llegado a esas paredes de arena y cola, ese blando revoque sobre el que Nannetti cada día grabó el mundo de su psique, si el celador Aldo Trafeli no se hubiera obstinado en ello. Esta es también su canción. Dice Raúl Quinto en los agradecimientos que el hijo de Trafeli le pidió que tratara con respeto el legado de su padre. Ignoro si ha llegado a leer este libro. Quiero pensar que sí y que, igual que yo, ha salido de la lectura conmocionado por todas estas palabras. No hay mejor homenaje a la locura, a los locos y al asidero de la escritura que la hermosa mirada, igualmente hecha de incisiones en una página en blanco, de este libro de Raúl Quinto.

P. D: La luz y el sonido tienen la misma longitud de onda.

La Junta de Andalucía quiere convertir por decreto en “complementarias”, y no en esenciales, las profesionales al cuidado de los menores con necesidades especiales

[Publicado originalmente en elDiario.es] Para la Junta de Andalucía, atender en los centros educativos las necesidades especiales de una niña o un niño con espina bífida, parálisis cerebral, algún trastorno del espectro autista o sordera profunda no pasa de una simple cuestión accesoria, «complementaria», igual que el comedor o las clases extraescolares. Y eso a pesar de que más de cien sentencias judiciales dicen lo contrario, que se trata de un servicio esencial. Al Gobierno de Juan Manuel Moreno, no obstante, le da igual, y una vez más convierte en cruel norma el desprecio a los menores más necesitados.

La estrategia, en este caso, es la habitual: maltratarlos a través de las profesionales a su cargo. La precarización a la que se ven sometidas las PTIS (el personal técnico de integración social) ha llegado este curso a un extremo inconcebible, como pueden leer, seguramente con un nudo en la garganta, en este sobrecogedor reportaje.

Esas PTIS tienen reivindicaciones tan extravagantes como que se les haga personal laboral de la Junta, tal y como reconoce un centenar largo de sentencias. Hasta ahora viven sometidas a cambios constantes de contratos y condiciones

Esas PTIS tienen reivindicaciones tan extravagantes como que se les haga personal laboral de la Junta, tal y como reconoce ese centenar largo de sentencias. Hasta ahora viven sometidas a cambios constantes de contratos y condiciones, a veces a lo largo de un mismo curso, según la subcontrata a la que se le adjudique el servicio. Por desgracia, la Consejería de Educación y Deporte está al cuidado (es un decir) de Javier Imbroda, cuyo sadismo resulta digno de estudio. De hecho, con la intención de castigar a estas profesionales por su desvergüenza, no duda en trasladarlas sin aviso previo a otros centros educativos, aunque estén a dos horas de distancia en coche, aunque sea para trabajar solo tres horas y aunque suponga el repentino abandono de esas niñas y niños que las necesitaban para comer, para cambiarles los pañales o para ayudarles a relacionarse con otros pequeños. Que las necesitaban, en definitiva, para cuidarles, y con las que ya tenían establecido un vínculo fundamental. Es una dinámica idéntica a la de las ILSE, las intérpretes en lengua de signos española (aquí pueden leer un testimonio en primera persona de una de esas intérpretes).

Todos esos desmanes resultan posibles al considerar su labor bajo la categoría administrativa de “complementaria”, tal y como recoge el decreto que ahora prepara la Junta de Andalucía y que ha terminado de sublevar a estas trabajadoras (la inmensa mayoría son mujeres).

Se diría que en Andalucía los derechos humanos no rigen cuando se trata de según qué menores. Lo vimos ya cuando la Junta intentó cerrar en falso la muerte de Ilias Tahiris en un centro de reforma juvenil de Almería, lo que destapó la práctica habitual de métodos violentos e innecesarios. Lo vimos con el cierre sorpresivo del último centro de menores infractores de gestión pública (aquí también pueden leer un testimonio en primera persona). Cuesta imaginar el ensañamiento con el que un Gobierno autonómico de una democracia avanzada se ceba con los menores más vulnerables. Solo alguien sin un mínimo de sensibilidad humana puede alentar y legislar para favorecer esos atentados contra la más elemental dignidad humana, que es exactamente lo que hacen Moreno e Imbroda.

Claro que siempre tendrán la excusa de que, en el fondo, simplemente están aplicando las mismas políticas que iniciaron los gobiernos socialistas en Andalucía. Y en eso, sí, llevarán razón, por mucho que ahora los sindicatos mayoritarios pasen por ahí de puntillas. De aquellos polvos estos lodos y, entre tanto, cientos de niñas y niños son tratados como «complementarios». Por decreto, si hace falta.

• Deja fuera del control de precios al 85% del mercado actual y no cuestiona que la vivienda se considere un bien más, en lugar de un derecho.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. La ley de vivienda que ha diseñado el Gobierno aborda de manera tan tímida la regulación de los alquileres que apenas va a cambiar nada si su versión final no se modifica sustancialmente. En primer lugar porque deja fuera del control de precios al 85% del mercado actual, esto es, a los propietarios particulares; da lo mismo si tienen una o cien casas o si te cobran un alquiler abusivo. Y es que la obligación de limitar el precio solo se dirige a las empresas, y no a todas, sino a las que cuenten con más de 10 viviendas. Es más, si un arrendador particular baja el precio del alquiler en un 5%, su actual bonificación fiscal del 60% puede llegar hasta al 90%. En resumen, mientras el arrendatario tendría una rebaja simbólica, el arrendador saldría ganando un buen pellizco. Por eso resulta necesario ese bono de alquiler para jóvenes que anunció Pedro Sánchez, ya que él mismo es consciente de que los precios no van a bajar.

En realidad, la versión actual de la ley no recoge ni un solo mecanismo, al contrario que la catalana, para que personas afectadas u organizaciones, como los sindicatos de inquilinas, denuncien incumplimientos.

En el mejor de los casos, de hecho, la ley no entraría en vigor hasta 2023, ya que el Gobierno ha elaborado un intricado laberinto burocrático para que la gestión recaiga en las Comunidades, lo que ya ha provocado que las que gobierna el PP aseguren que no moverán un dedo. En realidad, la versión actual de la ley no recoge ni un solo mecanismo, al contrario que la catalana, para que personas afectadas u organizaciones, como los sindicatos de inquilinas, denuncien incumplimientos. Estos pueden ir desde que los anuncios de alquiler no especifiquen con exactitud los metros cuadrados ni el precio anterior a que figuren gastos añadidos de forma artificial. Por ejemplo, esta ley permite que incluso el propietario aumente el precio del alquiler hasta un 10% si acredita (no se concreta cómo) que ha realizado obras de mejora. Además, la ley no obliga a que se mantenga un precio en los nuevos contratos de alquiler de 5 y 7 años, sino que abre la puerta a revisiones anuales, lo que impide la estabilidad y tranquilidad de los inquilinos.

Para ser sinceros, todo esto ya lo anticipó en febrero del año pasado el exministro Ábalos, cuando reconoció que la vivienda también es un bien de mercado, por si alguien se había creído la Constitución y lo consideraba un derecho. Lo que en el fondo Ábalos hizo fue dar carta de continuidad al paradigma cultural del franquismo con respecto a la vivienda. Igual que entonces, siguen vigentes las palabras de 1957 del ministro Arrese, que quería «un país de propietarios, no de proletarios». Así, el franquismo diseñó un modelo en el que la vivienda se entiende como parte de un activo financiero, un patrimonio con el que las familias, incluso las menos pudientes, pueden garantizar algo de herencia a sus descendientes.

La vivienda carece en España del grado de protección del que goza en tantos países de nuestro entorno, donde se legisla que, como bien fundamental, su precio no puede regirse por las reglas del libre mercado.

La vivienda pasa así a tratarse igual que cualquier bien de mercado, como recordó Ábalos, y por lo tanto a merced de los vaivenes especulativos. A veces los resultados son catastróficos, como ocurrió con la crisis de 2008. Todo ello explica también por qué la vivienda carece en España del grado de protección del que goza en tantos países de nuestro entorno, donde se legisla que, como bien fundamental, su precio no puede regirse por las reglas del libre mercado. De hecho, hace ya tiempo que Bruselas debería haber declarado nuestra anacrónica ley hipotecaria incompatible con la pertenencia a la Unión Europea, en lugar de limitarse a dar avisos inocuos ante las abrumadoras cifras de desahucios.

En definitiva, el modelo que impulsó el franquismo es el causante en última instancia de que el acceso a la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, se haya convertido en un privilegio. Ahora, el Gobierno tenía una ocasión única para haber comenzado a revertirlo. Por el contrario, en ningún momento ha cuestionado el fondo del asunto. En consecuencia, no aborda la vivienda, en este caso la regulación el alquiler, como un derecho básico. En eso es idéntico a sus predecesores, con la diferencia de que antes nadie nos intentaba convencer de que conservar semejante pilar del franquismo era lo más progresista de la democracia.

• Tal vez el ministro Escrivá debería probar en carne propia cada una de sus propuestas.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Varios días a la semana mi pareja y yo nadamos en un polideportivo público de Málaga. En la entrada al complejo siempre saludamos al mismo guardia de seguridad, cuya función consiste, principalmente, en comprobar que los tornos giran de forma correcta cuando pasamos nuestra tarjeta de abonados. Ya puesto, se ha aprendido todos los horarios de las clases, los distintos tipos de bonos y los precios, los descuentos para familias numerosas y un sinfín más de datos que ahorran a la gente algunas gestiones en la oficina de administración. Dice que, de ese modo, se aburre menos. Tiene turnos de diez horas. Ahí, de pie, viendo cómo un deportista detrás de otro empuja los tornos de acceso. Ya no está de moda, pero a ese tipo de trabajo antes se le llamaba alienante. Además, su valor social tiende más bien a cero.

A mí me gustaría poner al ministro Escrivá un año en turnos de diez horas, haga frío o calor, en la puerta de ese polideportivo y luego recordarle su última provocación: que en España hace falta un cambio cultural para que trabajemos hasta los 75 años. La idea no es mala; si curras hasta poco antes de morir, pensión que nos ahorramos.

El juego de Escrivá es sencillo: suelta una barbaridad, como esa de los 75 años, y espera las reacciones del resto de ministros. Cuando le caen los palos, entonces, con muy buenas palabras, nos aclara en Twitter que somos tontos y le hemos entendido mal.

El ministro José Luis Escrivá, al frente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fue uno de los fichajes estrella de Pedro Sánchez. No viene del partido, como tampoco Grande-Marlaska, a quien igualmente cabría describir con las palabras que Gabriel Rufián ha aplicado al primero: un ministro del PP “en la sombra”. Escrivá se trae un juego que, aun repetido, no le deja de aburrir. No en vano, como en el caso de Marlaska, el presidente del Gobierno le ha ratificado en su última remodelación. El juego es sencillo: suelta una barbaridad, como esa de los 75 años, y espera las reacciones del resto de ministros. Cuando le caen los palos, entonces, con muy buenas palabras, nos aclara en Twitter que somos tontos y le hemos entendido mal.

Lo vimos, en primer lugar, con el fiasco del Ingreso Mínimo Vital, que gracias a las trabas burocráticas que diseñó su ministerio no alcanza, ni de lejos, a todas las personas previstas ni en la cantidad que anunció. Hizo lo mismo que ahora con el borrador en el que proponía una ampliación hasta los 35 años del periodo de cálculo de la pensión, que en la práctica significaba una disminución de las cuantías. En ese caso no nos llamó tontos en su Twitter, sino que aseguró que el borrador no existía, era una ilusión óptica. Más adelante se soltó con aquello de que los baby boomer nos tendríamos que hinchar a trabajar más años o conformamos con una pensioncita, y de nuevo, ¡ay!, le habíamos entendido mal.

Lo peor, además, como ha explicado aquí mismo Joan Coscubiela, es que ha falseado los datos en esto del cambio cultural que hace falta para morirnos trabajando. Han sido, de hecho, las sucesivas reformas laborales las que sistemáticamente han tratado a los mayores de cincuenta años como material sobrante…, al tiempo que se les retrasaba la edad de jubilación. Esa de retrasar la jubilación, por cierto, fue una gran idea que ni la derecha se atrevió a formular en voz alta, sino que corrió a cargo de otro presidente socialista, Rodríguez Zapatero, al que de repente se le quiere ver como adalid del progresismo.

Pero sí, hace falta un cambio cultural, y eso pasa ineludiblemente por implicarse personalmente. Mi propuesta es sencilla: que todos esos que, como Escrivá, tengan ocurrencias de semejante tipo, las pongan a prueba en primera persona. Luego, después de currar hasta la vejez, y de paso con ese salario mínimo que tanto les cuesta aumentar, que nos digan cómo ha ido la cosa. Si se quedan en paro, dios no lo quiera, que intenten pedir el Ingreso Mínimo Vital.

“Jubilación” viene de “júbilo”, pero, para entonces, igual a ellos se les ha esfumado la alegría de vivir.

El Gobierno español acaba de condecorar con la Gran Cruz de Isabel la Católica a Iván Duque, cuando en Colombia aún están calientes los cuerpos de los manifestantes asesinados por protestar contra sus políticas.

[Publicado originalmente en elDiario.es] A finales del mes de abril por toda Colombia se vivieron enormes manifestaciones en respuesta a la reforma tributaria que pretendía el gobierno del actual presidente, el uribista Iván Duque. Si la crisis provocada por la pandemia ya estaba recayendo en buena medida en los sectores más desfavorecidos, la reforma de Duque buscaba castigarlos aún más, siempre en beneficio de los grandes poderes económicos. Sin duda, contaba con que el miedo al contagio frenara cualquier protesta masiva, pero se equivocó y la gente se echó a la calle. Cientos de ellos nunca lo contarán, y varios miles preferirán olvidarlo.

Como se sabe, la represión fue brutal, propia de un gobierno autoritario y despiadado. A principios de nuestro verano, las ONG de la zona ya contabilizaban alrededor de 550 desaparecidos, 51 homicidios y casi 4.700 casos de abusos policiales, datos que se han ido incrementando y que, probablemente, nunca conozcamos en toda su dimensión. Semejante carnicería solo fue posible gracias a una policía azuzada por las declaraciones incendiarias del propio Duque, que de ese modo devolvía a Colombia a sus peores décadas.

No en vano, algunos de esos “desaparecidos” comenzaron de repente a aparecer, o mejor dicho, a emerger: descuartizados, metidos en bolsas de plástico que flotaban en el río Cuaca, el segundo más importante del país. Hubo incluso cabezas que se encontraron dentro de sacos abandonados, y no faltan testimonios sobre las fosas comunes de algunas localidades.

En ese contexto, era previsible que el Gobierno de Iván Duque vetara el viaje de algunas de sus escritoras y escritores más representativos a la Feria del Libro de Madrid, que durante estos días se celebra con Colombia como país invitado. Esta medida, cuando menos, ha despertado la indignación de autores y libreros. Algo parecido acaba de suceder con el gobierno caudillista de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha emprendido una persecución contra Sergio Ramírez, su escritor más internacional. La oleada de protestas en el mundo de la cultura del Estado español no se ha hecho esperar, lo que incluye a instituciones como la RAE.

Sin embargo, la semana pasada Iván Duque fue recibido en España con todos los honores por el Rey y el presidente del Gobierno. La infamia llega hasta tal punto que no se contentaron con agasajarlo, cuando aún están calientes los cuerpos de los manifestantes asesinados por protestar contra sus políticas. De paso, el Consejo de Ministros, con la oposición de UP, le condecoró con la Gran Cruz de Isabel la Católica. El rey no dudó en brindar a Duque una “calurosa bienvenida” y expresarle su “profunda alegría”, en su nombre y el de la reina. Si tienen estómago lo pueden ver en Youtube.

Esta columna es una botella lanzada al Atlántico, con la esperanza de que alguien la recoja en las orillas caribeñas de Colombia y así sepa que aquí, a este lado del mundo, en este país al que llaman España, muchas y muchos nos sentimos asqueados y avergonzados.

• De momento, las medidas propuestas por el Gobierno para abaratar la factura pasan por meros parches y no se tocan los privilegios de las grandes eléctricas.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno ha esperado a que el precio de la luz casi cuadruplique al de hace un año para empezar a conjugar algunos verbos de acción. Hasta ahora, a pesar de la escalada sin precedentes en el precio de la factura, se había limitado a «estudiar», a «analizar», a «entender» el enfado de la gente y, sobre todo, a estar «preocupada”, ejemplos todos de diferentes entrevistas o declaraciones. Tiene que dar mucho gusto ocupar cargos como los suyos, cobrar un sueldo y llevarte prebendas inauditas para solo con la vuelta de las vacaciones, por fin, dejar escapar algunas frases como «vamos a regular inmediatamente para que no se vacíen los embalses”. Eso pudimos leer este lunes en una entrevista concedida a este mismo periódico. Porque esa es otra, mientras ella estudiaba, analizaba, entendía y se preocupaba, las hidroeléctricas han aprovechado para cometer algunos desmanes medioambientales, como vaciar embalses y así aumentar más el precio de su energía, por si era poca la escalada.

Con todo, a pesar de que por una vez le oigamos algún verbo de acción, la ministra, tanto en esa entrevista como en las demás, nos intenta convencer de que nuestro sistema tarifario es un accidente natural contra el que no cabe hacer nada. Hasta hace bien poco aún nos sermoneaba con que el aumento de precios suponía algo coyuntural, cuando la realidad es que atiende a un modelo perfectamente diseñado por los gobiernos del PP y del PSOE.

Da vergüenza que, a día de hoy, una ministra que debería liderar la “transición energética” aún lo fíe todo al libre mercado, y solo muy tímidamente reconozca que algunas propuestas de sus socios de Gobierno tienen sentido, que quizás una empresa pública o participada por el Estado no estaría de más. Por supuesto, a las pocas horas de que elDiario.es publicara esa entrevista, Nadia Calviño declaraba en RTVE que de eso nada, que el precio de la luz no depende de si la eléctrica que lo suministra «es pública o privada».

Claro que no, qué locura, a quién se le ocurre que el precio de la electricidad pueda depender de si una empresa busca beneficios obscenos o simplemente cubrir un derecho básico. Es más, el hecho de que Felipe González entrara en el Consejo de administración de Fenosa (ahora Naturgy) después de sus mandatos fue solo pura casualidad, y no una puerta giratoria para devolver favores.

De momento, lo único cierto es que la ministra no contempla absolutamente ninguna medida de calado, si bien asegura que a medio plazo las habrá, y que algunas encuestas ya vaticinan que la derecha ganará las próximas elecciones. Las actuales propuestas del Gobierno pasan, más bien, por meros parches: sufragar a cargo de los presupuestos el suministro para los sectores más necesitados, continuar con la reciente bajada del IVA y otras iniciativas que, de ningún modo, ponen el foco en los emisores. A estos no se les toca, se les mantienen sus privilegios porque, al fin y al cabo, da igual si la energía la produce una empresa pública o privada.

El 90% del mercado está en manos de tres compañías (Naturgy, Endesa e Iberdrola) y, verdaderamente, como consumidores sujetos al actual sistema de fijación de precios poco podemos hacer para abaratar nuestra factura. No obstante, si no queremos darle nuestro dinero a empresas que, en pleno verano y con la sequía endémica de nuestro país, ni siquiera tienen reparo en vaciar embalses, hay alternativas. Yo mismo tengo mi contrato con la cooperativa Som Energia, pero existen otras. Corran, porque el Gobierno no se lo va a contar.

• 

  Desde los GAL al caso Kitchen nos hemos acostumbrado a que los ministros de Interior destaquen por su falta de escrúpulos morales. Hay que reconocer a Pedro Sánchez su acierto con Grande-Marlaska.

[Publicado originalmente en ElDiario.es]. No descubro nada si digo que las cloacas del Estado siempre han tenido sus principales fontaneros en el Ministerio de Interior. Desde los GAL al caso Kitchen nos hemos acostumbrado a que, por lo general, los ministros de Interior destaquen especialmente por su falta de escrúpulos morales. Por eso hay que reconocer a Pedro Sánchez su acierto, ya que es un perfil en el que encaja a la perfección Fernando Grande-Marlaska. Junto a Nadia Calviño, es el ministro que menos desentonaría en un gobierno del PP. Ni siquiera vio ningún conflicto de interés en que le llamara un partido del que no era miembro para abandonar de inmediato su puesto como magistrado de la Audiencia Nacional.

Marlaska es el ministro de Interior perfecto para el PSOE, y para el PP, claro, que solo encuentra cómo criticarle a través de alusiones a su vida privada. Es más, VOX debe de estar encantado con un ministro que siempre encuentra el modo de defender la ley mordaza, al que le parece bien la patada en la puerta contra la inviolabilidad del domicilio o que, sin llamarlos “menas”, como si formaran parte de alguna banda, está de acuerdo en que los niños tienen derechos inalienables únicamente si han nacido en suelo patrio. Todo eso, claro, no le deja de reportar problemas con sus antiguos colegas de la judicatura.

A él le da igual. A pesar de que es un hombre de retórica limitada, siempre tiene un ingenioso argumento cuando se trata de vulnerar derechos fundamentales: que si un piso vacacional no cuenta como domicilio, que si la ley de extranjería se puede reducir a una cuestión “jurídico-técnica”, que si las devoluciones en caliente en realidad son “rechazos en frontera”, que si quito las concertinas de las vallas fronterizas… pero las movemos unos metros más allá, del lado marroquí.

No se toma ni un respiro. El muy pillo ha intentado aprovechar el tradicional parón de agosto, a ver si nadie se percataba de que estaba enviando de vuelta a Marruecos, como paquetería express, a 800 de los menores que hace unos meses cruzaron la frontera de Ceuta. Al antiguo magistrado le daba igual saltarse todas las leyes que lo impedían, y de no ser por la rápida actuación de las organizaciones de la zona no se habría paralizado este apartheid. En realidad, lo del racismo de Marlaska con los niños no deja de sorprender: incluso ha conseguido abortar la reforma que preparaba el ministro Escrivá para facilitar los permisos de residencia a estos niños, y que precisamente se iba a aprobar este martes.

Este mismo verano Pedro Sánchez decidió reformar su gobierno y se quitó de en medio a algunos ministros y ministras molestos. No dudó en destituir, sin ir más lejos, a la vicepresidenta Carmen Calvo, que con su furor tránsfobo estaba poniendo en un aprieto al PSOE. A Sánchez, lo ha demostrado en varios ocasiones, no le tiembla el pulso. Por eso resulta más que evidente que está encantado con el fontanero Marlaska. Mientras el presidente pronuncia discursos sobre la protección a la infancia, el exmagistrado trata a 800 niños en Ceuta como mercancía apestosa. Pero no nos engañemos: por una vez tenemos un Ministerio de Interior a cargo del PSOE que actúa con transparencia, sin esas famosas “X” a despejar. No hacen falta: Sánchez y Marlaska son la ecuación perfecta. Tanto monta, monta tanto.

Nuestro sistema público de salud descansa cada vez más sobre los hombros de abnegados profesionales, sometidos a continuos recortes, escasos equipamientos e infraestructuras, falta de personal y turnos inhumanos.

Escribo esta columna aún convaleciente de una operación por desprendimiento de retina que sufrí a finales del mes pasado, como consecuencia de un golpe fortuito cuando iniciaba mis vacaciones en un albergue rural de Navarra. En menos de una semana he recorrido las Urgencias de tres hospitales públicos, uno en Pamplona, otro en Vitoria y finalmente en Málaga, mi ciudad, donde tuve la operación. Tres Comunidades y una misma pregunta: ¿hasta dónde están dispuestos nuestros gobiernos a seguir tensando la cuerda de la resistencia de los sanitarios?

Nuestro sistema público de salud descansa cada vez más sobre los hombros de abnegados profesionales, sometidos a continuos recortes, escasos equipamientos e infraestructuras, falta de personal y turnos inhumanos. En el primer hospital al que acudí ni siquiera me pudieron realizar la pertinente ecografía del ojo dañado debido a una avería del aparato. En el último me hizo un electrocardiograma una sanitaria que llevaba 14 horas de turno en unas Urgencias saturadas hasta un nivel difícil de olvidar, como no se ha cansado de repetir el sector desde hace años. ¿Cómo hacerlo?

He visto a enfermeras y enfermeros atendiendo a pacientes en camillas no ya arrinconadas por los pasillos, sino incluso en los despachos del personal administrativo. Los profesionales con los que tuve ocasión de hablar lo tenían claro: además de todo lo que he mencionado, la causa principal es la liquidación de la atención primaria, donde cada vez resulta más difícil obtener una cita en plazos razonables. En Andalucía lo conocemos bien. Los pacientes no tienen otro remedio que acudir a los servicios de urgencias hospitalarias, desbordados ya de por sí, y más desde el golpe de la pandemia. Baste un dato para Málaga: solo hasta julio el Hospital Regional Universitario había atendido 80.000 urgencias.

El resultado es inequívoco, como cualquiera puede comprobar sin necesidad de un periplo hospitalario parecido al mío: la merma de un derecho, el de la atención sanitaria universal y gratuita, que en cualquier democracia avanzada resultaría irrenunciable.

Esta situación resulta especialmente indecente cuando, en el segundo año de pandemia, hemos sabido, por ejemplo, que el Gobierno central ha aumentado el gasto en armamento, o que no deja de camuflar ingentes cantidades de presupuesto para el mantenimiento de la Corona, lo que incluye al rey furtivo. Durante el confinamiento, el presidente de nuestro Gobierno central aplaudía desde Moncloa cada tarde al personal sanitario, mientras que ahora los alcaldes erigen placas o monumentos de agradecimiento y los presidentes autonómicos les ensalzan en sus discursos navideños y cada vez que toca un nuevo empujón a la campaña de vacunación. A la hora de la verdad, sin embargo, no se les pagan los atrasos salariales, como en el caso andaluz, no se construyen los centros de salud prometidos en campaña ni se mejoran siquiera las condiciones para acceder a la profesión. En algunas regiones se hace a cara perro, como en la Comunidad de Madrid, donde el camino hacia la privatización de facto es ya indisimulable, y en otros se hace más de tapadillo, como aquí en Andalucía, donde el PSOE dejó bien sentados los cimientos sobre los que ahora se acomoda el trifachito.

El resultado es inequívoco, como cualquiera puede comprobar sin necesidad de un periplo hospitalario parecido al mío: la merma de un derecho, el de la atención sanitaria universal y gratuita, que en cualquier democracia avanzada resultaría irrenunciable. Ni siquiera una emergencia sanitaria como la que vivimos, la mayor en un siglo, está removiendo la escala de prioridades de casi ninguna administración.

Nuestro sistema público de salud está en la cuerda floja en numerosas comunidades. Vivir en tiempos de pandemia global con esa certeza solo genera ansiedad en los trabajadores y en la población en general, esa a la que luego se le pedirá no solo que aplauda a las ocho de la tarde, sino que acuda puntualmente a las urnas. Eso sí, con mascarilla y guardando la distancia de seguridad, que los hospitales están al límite.

• Da igual lo que hayan leído sobre esta novela excepcional: no trata de una España gobernada en el futuro por esta tendencia política, sino sobre los mecanismos psicológicos que permiten su auge aquí y ahora.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Lo primero que hacen las editoriales cuando una novela sale al mercado es buscarle un gancho para los lectores, una percha a la que se puedan colgar los medios generalistas y así atraer público. Esta es mi primera perogrullada. La segunda es la siguiente: en literatura resulta tan importante, si no más, el «cómo» que el «qué», así que vayamos por partes a la hora de abordar Lux (Seix Barral), la última y extraordinaria novela del cordobés de adopción Mario Cuenca Sandoval.

El gancho, el «qué», esa percha de la que colgar la atención del público, nos ha llegado de manera harto simplista. Lux nos muestra, hemos leído por ahí, una España de un futuro no muy lejano después de haber sido gobernada por un partido de extrema derecha ―que da título a la novela― liderado por el mesiánico Aliaga. Venga, ya tenemos el anzuelo, ese guiño a la actualidad reconocible. Pero no es verdad, claro que no. El lector que crea que se enfrenta a una suerte de ucronía, a alguna distopía más o menos al uso, saldrá felizmente decepcionado.

El verdadero asunto, el verdadero «qué» de esta novela, quizás la mejor de su autor, y lo dice alguien que ha leído toda su narrativa con admiración, es mucho más complejo: cuáles son los mecanismos psicológicos, por mucha y evidente que resulte su raigambre social, que permiten el auge de la extrema derecha. A mí me parece un empeño demasiado arriesgado, pero yo no soy Cuenca Sandoval. Y es que hace falta una mirada de largo alcance, de inusitada profundidad, una mirada compleja a la vez que sutil, donde nada resulte obvio, pero a la postre todo se nos haga evidente, inevitable. Hace falta, por seguir con el «cómo», un autor que sepa dejar a la vista ―pero no demasiado― huellas, rastros, jirones y piezas de un puzzle compuesto de resquemor, personalidades que alimentan la bestialidad con su propia vulnerabilidad, personalidades heridas ni siquiera en lo más profundo, sino en su proyección exterior, pobreza intelectual disfrazada de boato y pompa. Hace falta ir más adentro, más adentro, meterse de lleno en lo que de íntimo esconde el clasismo, el odio del último al penúltimo; el desprecio, en definitiva, al semejante, a veces vestido de los ropajes, siempre demasiado impostados, del racismo, la homofobia, la xenofobia. Hace falta ir más allá del análisis sociológico, porque esto es literatura, para entender el sentimiento gregario de tantos pobres imbéciles a los que, sin embargo, jamás podremos compadecer porque, en suma, se convierten en matones, en la carne de cañón de los despiadados programas electorales que, a veces solo entrelíneas, redactan unos cuantos señoritos.

Aquí y ahora

La mirada de Cuenca Sandoval, insistamos, no es la mirada sobre esa España que podría llegar a ser, ese gancho simplificador, no. Se trata de la mirada sobre la España que es, porque solo con esta carta desde el futuro ―en eso consiste esta novela― comprendemos lo que hoy nos está ocurriendo: la caza al maricón, espoleada no solo por el discurso homófobo de la extrema derecha, sino por la complicidad de sus socios y la permisividad con una policía impune, siempre a gusto gracias a las medias tintas de nuestros ministros de interior; las judicaturas saliendo del armario fascista sin rubor ni complejos; el señalamiento a periodistas para que la horda domesticada los atemorice; el revisionismo de los consensos sobre el pasado; la educación como pastoreo de un rebaño dócil y, siempre, la patria por delante, esa «sugestión de masas». La violencia, en definitiva, la violencia sin más, institucionalizada, sostenida en una manada de votantes, cada uno con su psique ridícula, pero comprensible, a cuestas. Y aquí me paro, porque hay tanto que es mejor que ustedes lo descubran.

Ese «cómo», ya lo he mencionado, toma aquí la forma de una larga carta, un monólogo de casi cuatrocientas páginas que nunca pierde la tensión, la fiebre, un torrente tempestuoso que, lejos de bifurcarse en meandros, nos ahoga en su clarividencia. El remitente es alguien que vivió de cerca la fundación del partido Lux y convivió con él hasta sus últimas, lógicas pero nauseabundas, consecuencias. ¿A quién va dirigida esa carta? Lo fácil es decir que a todos nosotros, a esta sociedad que hoy se saca de la chistera problemas que creíamos superados. Pero nada en Lux es fácil, así que mejor me reservo la intriga para que ustedes lean la novela.

Y una última cosa: dicen los claims, esas frases que adornan las fajas de los libros a modo de reclamos, no sé cuantos elogios sobre la prosa impecable y portentosa de Cuenca Sandoval. Sin que sirva de precedente: es cierto.