Autor: santi

• Hay que tener muy poca dignidad humana para alardear de comer carne procedente de animales torturados de manera tan cruel como innecesaria

[Publicado orginalmente en elDiario.es]. Hace una década dejé de comer carne, pero jamás he sentido ningún afán proselitista. Nunca he escrito un artículo, una columna o un simple post en redes sociales. No me invadió el furor del neófito ni alguna suerte de sentimiento de superioridad moral. Daba por hecho que quienes me rodean toman sus propias decisiones con criterios tan legítimos como los míos. Lo que no hubiera podido imaginar es que, a remolque de las declaraciones o, mejor dicho, de las declaraciones manipuladas del ministro Garzón, íbamos a toparnos con individuos que presumen de comer carne procedente de animales torturados de manera tan cruel como innecesaria. Hay que tener muy poca decencia para algo así.

Los datos sobre la explotación animal en España son desoladores, injustificables, aberrantes. Sin lugar a duda revelan una falla como sociedad, por mucho que se intente adornar. Si no quieren perder más de veinte minutos basta con este documental (Factoría. La explotación industrial de cerdos). Gracias a grabaciones no autorizadas se puede comprobar hasta qué límites inhumanos se somete a sufrimientos salvajes a la mayor parte de los cerdos cuya carne acaba en nuestros supermercados. No en vano, la explotación de macrogranjas en España, que ya tiene en peligro de contaminación a un 40% de nuestros acuíferos, nos ha situado fuera de la legalidad europea.

Todo cuanto ha dicho Garzón sobre esas macrogranjas es bien sabido, e incontestable, y por añadidura va en perfecta sintonía con la supuesta agenda medioambiental y de salud del Gobierno. Estados como Países Bajos ya tienen, de hecho, un Ministerio para reducir el impacto de la industria porcina. Aun así no extraña que en estos días hayamos tenido que oír chistecitos de todo el espectro de la derecha, que por alguna razón saca pecho ante la explotación animal. Lo mismo ocurre con los rojipardos, siempre rápidos para soltar su catequesis de batiburrillo, por no hablar del extremo centro, tan preocupado porque el Burger King puede perder su esencia de pueblo si vende hamburguesas veganas. Estos argumentos ridículos y demagogos han abundado estos días por redes, y no es para menos, ya que cualquier análisis fino los desbarata ¿De verdad alguien piensa que las políticas de reducción de consumo de carne pueden llevar a la desnutrición de las «clases populares», o que se trata del arma con la que la malvada izquierda caviar acabará con los obreros?

Lo peor, con todo, viene del abanico progre, que encabeza el presidente del Gobierno, que abrió la veda con su gracieja sobre el chuletón al punto. Cada vez que se descuida le sale el verdadero cuñado que lleva dentro, lo que ya ha provocado algún sonrojo entre sus homólogos. Le ocurrió al presidente de Canadá cuando en rueda de prensa conjunta tuvo que ver cómo Sánchez se tomaba a broma que en su país se fuera a legalizar el cannabis. A Trudeau no le quedó más remedio que ponerle en su sitio, con mucha elegancia, por cierto.

Todos vivimos con contradicciones, asumimos nuestras incoherencias, aceptamos cierta dosis de autoindulgencia, sopesamos los pros y contras de algunas actitudes que no resultan precisamente ejemplares. Comer carne de animales hacinados en cubículos insalubres, animales que raramente ven la luz del sol, que pierden la visión, que padecen dolorosas malformaciones, trastornos innumerables, como el canibalismo, muertes cruentas, etc… es, necesariamente, una de esas vergüenzas por las que cualquiera con un mínimo de dignidad pasaría de tapadillo. Por el contrario, alardear de ello es nauseabundo. De ahí que por primera vez en diez años haya escrito una columna a la que siempre me negué. Ojalá sea la última.

• En el año que expira, tan raro y convulso, este libro puede servirnos para viajar por muchos territorios, imaginarios y reales, sin restricciones pandémicas. Yo lo he hecho, y me lo he pasado estupendamente

[Publicado originalmente en elDiario.es.] Antonio Jiménez Morato ha construido de manera explícita su último libro (editado por Jekyll and Jill) como una buena jam de jazz: «[…] una línea melódica cambiante, que se va apoyando en los refuerzos que cada uno de los instrumentos traza en sus variaciones sobre el motivo, y permite así al solista liberarse en cada momento de la carga de la melodía principal» (p. 383). No podía ser de otro modo en un libro que lleva por título Nola, como popularmente se conoce a Nueva Orleans, ciudad que al autor visitó unos pocos días para, por distintos avatares, tiempo después acabar residiendo en ella durante algunos años.

Nueva Orleans es, por tanto, solo la excusa para poner a bailar la Second Line, toda esa gente que sigue a los músicos de la primera sección de los desfiles, que los sigue en segunda línea. Es ahí donde está la verdadera diversión, el ritmo, la cadencia propia de la ciudad. Es ahí donde se trazan esas variaciones sobre el motivo principal. Y es ahí en lo que Nola se convierte en la Second Line, en todos esos meandros que se bifurcan desde su corriente principal hasta formar un delta de veinticuatro capítulos y más de cuatrocientas páginas, un Misisipi donde el lector encontrará disquisiciones sobre la amistad, la literatura, la música, la arquitectura, la fotografía, el racismo, la violencia, la educación universitaria en Estados Unidos… Todo ello, como no puede ser de otro modo, en largos fraseos, o en bruscos cambios de ritmo, en solos intimistas o compases corales.

No encontrará el lector, por si anda despistado, algo así como una guía, más o menos original, sobre la ciudad, ni siquiera el relato de una experiencia, ni tampoco, por raro que parezca, exactamente una mirada. El juego es otro, y si se quiere disfrutar plenamente de él hay que aceptarlo desde el inicio: el juego consiste en admitir que Nueva Orleans es solo un reflejo de la vida, y que la vida se limita, en buena medida, al relato que hacemos de ella. Este libro refleja, por tanto, una vida en un período concreto, y como tal no se puede reducir a un motivo, ni a una planificación, sino que nos irá llevando de un lado a otro, por mucho que la geografía se limite a la de la ciudad. A ese vaivén se deberá entregar uno, sin sacar conclusiones por anticipado, sin intentar averiguar qué viene después, ni siquiera sin tratar de discutir con las observaciones del autor, o del narrador. El juego es contemplar el discurrir de este libro caudaloso, y sentir que a través de esa contemplación uno también forma parte de su vida. En ello reside, de algún modo, el objetivo implícito de Nola, que no es poco, y que requiere una ambición notable.

Como toda narración del yo, la memoria se transforma aquí en una suerte de ficción y, como toda ficción bien elaborada, resulta verdadera. No en vano, desde su posición de crítico, editor, traductor y autor, Jiménez Morato lleva años profundizando en los mecanismos de la literatura, especialmente en la que se escribe, sobre todo en su generación, al otro lado del Atlántico. Probablemente sea esta su partitura más personal, un paseo por una ciudad que quizás solo exista, o sin duda solo exista de esta manera, en su escritura. Un paseo, a fin de cuentas, que en este año que expira, tan raro y convulso, puede servirnos para viajar por muchos territorios, imaginarios y reales, sin restricciones pandémicas. Yo lo he hecho, y me lo he pasado estupendamente.

Sabíamos que si solo nos vacunábamos en la parte privilegiada del mundo el virus mutaría hasta alcanzarnos de nuevo, pero seguimos sin liberar patentes ni repartir dosis de manera equitativa

Ya no tenemos vergüenza, ahora vamos a cara perro, sin disimular lo más mínimo, aunque solo sea por simple decoro. ¿Para qué? Se acabó mantener las formas, si total, ya lo sabemos de sobra: el bienestar de unos pocos se sustenta en el sufrimiento de muchos. Eso es el capitalismo, ¿no? Así que ahí vamos, de cabeza hacia la tercera dosis generalizada de la vacuna, que para eso nos la podemos permitir, y si hace falta, una cuarta, o una quinta, las que resulten necesarias. Lo de menos es que los epidemiólogos insistan una y otra vez en que, en una pandemia global como esta, las soluciones locales no atajan el problema. Lo llevan repitiendo desde hace un año, cuando comenzó la campaña de vacunación: si solo nos vacunamos en la parte privilegiada del mundo, el virus mutará, se volverá así más escurridizo y encontrará formas de expandirse y alcanzarnos de nuevo. Es exactamente lo que ha pasado con la variante ómicron.

Estábamos más que prevenidos, así que la Comisión Europea ha entonado un sincero mea culpa. Su presidenta, Ursula von der Leyen, que para algo es médica de formación, ha declarado que ya no hay excusas, que es hora de repartir equitativamente las vacunas, aunque solo sea por el egoísmo elemental de protegernos frente a futuras variantes. Para ello, ha continuado, nada mejor que liberar las patentes, puesto que de esta manera se podrían producir 60 millones de dosis diarias. Es broma, ya lo saben, su poca imaginativa propuesta ha sido esa de la tercera dosis, y cuando el virus siga mutando nos propondrá otra, y luego otra, y así hasta que, por ejemplo, todos esos molestos africanos que tienen la manía de contagiarse se mueran de una vez.

De momento van por el buen camino. De hecho, aunque la media de personas vacunadas en el continente es del 12%, con países como Sudáfrica que la doblan, hay otros, como El Congo o Tanzania, donde prácticamente nadie ha recibido un solo pinchazo. Aquí en España estamos dando nuestro empujoncito a la cosa, y la Comunidad de Madrid se puede permitir tirar a la basura 100.000 dosis de vacunas antes que donarlas a cualquiera de esos países.

Cuando comenzó esta crisis nos dijeron, y lo siguen haciendo, que estaba aprendida la lección de 2008. No es verdad. La salida de esta crisis, otra vez, vuelve a ser típicamente capitalista, aunque de otra forma. Si entonces se rescató a los bancos, ahora se ha decidido enriquecer a unas pocas farmacéuticas, la llamada Big Pharma. Ni se liberan las patentes, ni apenas si distribuyen vacunas fuera del G-20, ni se apoya la alianza COVAX impulsada, entre otros, por la OMS, que a estas alturas parece una agencia de prensa sin capacidad alguna de intervención.

Así nos va: rozamos ya los cinco millones y medio de muertos contabilizados y más de 270 millones de contagiados, aunque hay multitud de países que no ofrecen datos. En España seguimos contando por decenas los muertos diarios. Pese a ello, a este lado del Estrecho estamos tan calentitos al abrigo de privilegios como el de una sanidad universal que no faltan quienes rechazan vacunarse. Sin embargo, Von der Leyen, y con ella nuestro Gobierno, no deberían desesperarse si tantos antivacunas han decidido no mirar por los demás, si con su actitud no contribuyen a alcanzar la inmunidad colectiva. ¿A fin de cuentas no es eso lo mismo que, a otra escala, hace Europa con cada negativa al reparto equitativo y la liberación de patentes? Lo mismo, y a cara perro, sí.

Una de cada cinco personas en Europa está expuesta todos los días a niveles de ruido perjudiciales para la salud, pero a muchos gobiernos municipales les parece que reducir la contaminación acústica es otra excentricidad de la Agenda 21

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Varias veces al año las calles que rodean mi barrio están en obras. De repente aparecen cuadrillas enviadas por el Ayuntamiento, siempre a cargo de alguna constructora mencionada en los papeles de Bárcenas, y comienzan a destripar las mismas aceras de unos pocos meses atrás. Ocho horas al día el vecindario debe convivir con el estruendo de los enormes martillos neumáticos a causa de unas obras que, en numerosas ocasiones, no tienen absolutamente ningún fin de conservación ni mantenimiento. Son una de las poco imaginativas maneras que el Gobierno de Málaga, igual que el de tantos otros municipios, ha encontrado para crear empleo.

En el caso malagueño no es de extrañar. No me refiero a que una de esas empresas comprometidas en los papeles de Bárcenas sea de matriz malagueña, Sando, sino a que aquí la política medioambiental pasa siempre de refilón. No importa que la disminución de la contaminación acústica suponga uno de los objetivos explícitos de la tan traída y llevada Agenda 21. De hecho, contamos ya más de una década con obras para la construcción del metro, que constantemente sufren retrasos injustificables y arruinan la salud de tantas personas. Las concejalías de movilidad y medio ambiente optan por favorecer el tráfico a motor frente a otros silenciosos, como el de las bicicletas. De hecho, le acaban de dar (o eso intentan) la última estocada al eliminar, directamente, el servicio de alquiler municipal.

Aquí en Málaga ha tenido que llegar un juez que, sobrecogido, en una sentencia que no tiene desperdicio, ha condenado al Gobierno de Francisco de la Torre por el «descaro» con el que ha ignorado el ruido del centro que, desde hace años, impide el descanso a los vecinos.

Hace algún tiempo un concejal del Consistorio dijo que quien quisiera silencio se estableciera en Churriana, un distrito de las afueras en lo que antes era zona rural. Sin embargo, permitió que siguieran operando en el entorno varias canteras ilegales. Así que ni eso.

El ruido, que va camino de convertirse en otra pandemia, paradójicamente silenciosa

Una de cada cinco personas en Europa está expuesta todos los días a niveles de ruido perjudiciales para la salud, principalmente como consecuencia del tráfico, ese que en Málaga no dejan de incentivar. El ruido, de hecho, es en nuestro continente el segundo factor de estrés medioambiental más dañino. En España esto provoca anualmente al menos 1.100 muertes prematuras, 4.100 hospitalizaciones y problemas para dormir a 2,3 millones de personas. Se ha comprobado el aumento significativo de afecciones cardíacas y de procesos de estrés, miedo y ansiedad, así como de digestión, de dolores de cabeza o de inapetencia sexual.

En suma, el ruido genera problemas de salud nada despreciables y, por tanto, carga más el sistema sanitario. La pandemia ha puesto de manifiesto las carencias de nuestro sistema, sobre todo en la atención primaria. Eso explica en buena medida el colapso hospitalario, que la Junta de Andalucía va a agravar con el despido de 8.000 profesionales. Al mismo tiempo ha revelado que la falta de atención a la salud mental obedece a una mirada arcaica, como si cuerpo y mente estuvieran disociados. Que alguien le explique a un enfermo de cáncer que la ansiedad que sufre no tiene nada que ver con el retraso en su tratamiento, por ejemplo.

Lejos de buscar soluciones, algunos gestores incluso sacan pecho. Eso también sucede con el ruido, que va camino de convertirse en otra pandemia, paradójicamente silenciosa. Así, no son pocas las ciudades que repiten el modelo malagueño. El transporte público se convierte en una excentricidad o una opción marginal (y de marginados), sin siquiera aparcamientos en las cabeceras. Se centralizan las ventanillas de la administración pública en un solo punto, en lugar de en los distritos, lo que provoca incesantes desplazamientos. Se legisla contras las bicicletas. Se crea empleo público a golpe de obras. Se limpian las calles, se recoge la basura o se cuidan los jardines con maquinaria ruidosa y a veces a horas intempestivas. Y, de propina, se elige el turismo de borrachera como foco principal de atracción.

Cuando tomemos conciencia de este problema habrá que hacer mucho ruido para que nos escuchen. Esa será la única ocasión, ya lo verán, en que esos gestores guarden silencio.[

• ¿Por qué ahora, cuando la ciudadanía castigada por la pandemia necesita espacios propios, el alcalde de Málaga anuncia el desalojo urgente de La Casa Invisible? Por su odio a la vida feliz, a la alegría, a lo común, al encuentro no tutelado de la gente

[Publicado originalmente en elDiario.es]. El acalde de Málaga es un necropolítico, un novio de la muerte que detesta cualquier brote de vida en su ciudad. Detesta las iniciativas vecinales, las redes solidarias, las experiencias cooperativas. Detesta, incluso, y de una manera ridícula, las bicicletas y los espacios verdes. Ni siquiera soporta el patrimonio urbanístico, como si cada edificio histórico le recordara que, antes de él, hubo vida por estas mismas calles. El alcalde de Málaga, con una meticulosidad rayana en lo patológico, ha aplicado su piqueta hasta despojar el centro de la ciudad de su carácter y personalidad. Y ya puesto, de sus habitantes. Si uno ve los tuits diarios con los que el alcalde de Málaga repasa los índices de contagios y fallecimientos de esta pandemia, no encontrará muestras de dolor o de humana compasión, sino la fría matemática de la muerte. Con todo, nada más simbólico en su macabro culto que la obstinación con la que se niega a cumplir la ley de memoria histórica. De ese modo, el callejero de barriadas enteras, la mía sin ir más lejos, homenajea a los militares malagueños alzados con Franco. No en vano, a Francisco de la Torre, el necroalcalde de Málaga, solo le sacan de sus casillas cuando le proponen retirar los honores de la ciudad a los ministros franquistas con los que tantos buenos momentos compartió, allá durante su mandato como presidente de la Diputación al final de la dictadura.

Se pueden buscar razones de orden meramente político para explicar por qué ahora, justo cuando la ciudadanía, tan castigada por el rigor fúnebre de la pandemia, necesita espacios propios, ha anunciado el desalojo urgente de La Casa Invisible. En realidad no hay tantas; es su mero odio a la vida feliz, a la alegría, a lo común, al encuentro no tutelado de la gente. Eso le puede, le despierta su lado luctuoso. Por eso, como siempre que se ve acorralado y carece de argumentos políticos, recurre a la mentira.

Las mentiras de De la Torre

Dice el necroalcalde que el edificio que acoge La Casa Invisible desde hace casi quince años no es seguro. Miente. La última de las muchas inspecciones que ha tenido el edificio data de este mismo verano, y una vez más acreditó su seguridad estructural, lo que se debe gracias al extraordinario trabajo de conservación y a las aportaciones económicas de toda su comunidad, que no recibe un céntimo de las administraciones.

Dice el necroalcalde que su Gobierno pretende rehabilitar el edificio y que para ello es imprescindible desalojarlo. Miente. Las rehabilitaciones por fases, sin desalojo, son habituales en edificios administrativos, hospitales o museos, sin ir más lejos. La Invisible presentó ya en 2016 un proyecto de rehabilitación. Fue elogiado y aprobado por la Gerencia de Urbanismo y premiado por el Ministerio de Cultura, que destacó el respeto a las características históricas del edificio, las técnicas y elementos escogidos con criterios medioambientales y que evitara el desalojo mediante una rehabilitación por fases.

Dice el necroalcalde que su Gobierno cuenta con otro proyecto de rehabilitación. Miente. En este caso una mentira de corto vuelo. La propia junta de gobierno ha reconocido que, en realidad, una de sus opciones pasa por el desalojo para entregarle el edificio a la piqueta demoledora (eso sí, conservando la fachada) de algún fondo de inversión (probablemente relacionado con el turismo) y que éste se encargue de la rehabilitación. Esta opción se entiende desde el momento en que los propios servicios municipales dictaminaron hace tiempo que el uso cultural del edificio no resultaría rentable. De hecho, ese tipo de privatizaciones encubiertas resultan muy habituales en Málaga. El Ayuntamiento las llama «cesiones», aunque sean por 75 años.

En el año 2011, cuatro después de que una nutrida red de creadores y activistas locales ocuparan el inmueble de propiedad municipal de calle Nosquera 9-11, el Ayuntamiento de Málaga (junto con la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Museo Reina Sofía) alcanzaron un convenio de cesión temporal del edificio. La Invisible cumplió todos los puntos del convenio, pero De la Torre se escabulló a la hora de firmar. Por eso, según los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, la situación del edificio es de «cesión en precario». En suma, ¿razones políticas? Bueno: más ciudad escaparate, de cartón piedra, más ciudad concebida para el negocio y los visitantes, más turismo, más expulsión de vecinas, más beneficio privado, menos beneficio social. Más dinero (para los de siempre), menos bienestar (para los de siempre).

Más necropolítica. Por eso, la manifestación que ha convocado La Invisible para el 27 de noviembre es una celebración por la vida. Nos vemos.

[Publicado originalmente en Revista Penúltima]. Si la locura es la herida por la que se desangra el discurso ordenado sobre el mundo, quizás la escritura se defina como esa otra hendidura, esa incisión, que araña una superficie ―hueso, piedra, arcilla, cera, arena― para dotarla de sentido. No hay delirio del todo inaprensible desde el momento en que las propias palabras constituyen un sistema pautado, un modo de expresión cuya gramática, vale, tal vez se nos escape a quienes no hemos dado el paso definitivo hacia el abismo. Locura y escritura, más allá de cualquier romanticismo, configuran así, en ocasiones, parte del poliedro de las conciencias desquiciadas. Quizás por ello narrar ese vórtice exija una voz acostumbrada a los meandros del lenguaje, una voz que no tema a la fuga, a la experimentación, a exprimir todas las posibilidades del idioma. Una voz, en definitiva, tallada en la forma poética. Raúl Quinto, poeta y narrador singular, cumple esos requisitos, de modo que ya podemos afirmar que La canción de NOF4 es un libro tan bello, además de exquisitamente editado por Jekill & Jill, como delicado en el trato a sus protagonistas.

NOF4 es una de las múltiples firmas que tuvo Fernando Oreste Nannetti (1927-1994), oficialmente un loco recluido hasta el año 1979 en un manicomio de la provincia de Pisa gracias a  la pervivencia de las leyes fascistas durante las primeras décadas de la democracia italiana. Su obra:  setenta metros de muro en el patio del manicomio escritos día tras día con la hebilla de su chaleco de «contención». Setenta metros de metáfora: el muro de su prisión sanitaria convertido en el lienzo donde grabar lo único que le liberaba, ese flujo de palabras, de incisiones.

Hoy Nannetti se ha convertido en un personaje de culto para los aficionados al art brut, el arte despojado de toda connotación formal, el arte desnudo y en cierto modo primitivista. Y ese es el riesgo: convertir a Nannetti en personaje y, por tanto, deshumanizar a alguien que pasó buena parte de su vida encerrado entre muros y pastillas a causa de una concepción punitiva de la psiquiatría. Este libro, de hecho, es también un viaje que parte de la fascinación por el personaje y arriba a la persona.

Esta es la canción de Nannetti, sí, pero también la de tantos otros locos que trataron de coser, a veces de manera literal, un discurso que les atara al mundo. En el caso de Nannetti con tal obstinación que los restos rescatados de su muro aún se pueden visitar en el museo de un nuevo psiquiátrico, o bien, mientras el tiempo los termina de derribar, adentrándose sin permiso en las ruinas del viejo manicomio. Eso significa el muro de Nannetti, la constatación de que la escritura, que nace como incisión aún rastreable en su etimología, es la única manera de perdurar o, lo que es lo mismo, de decir «Este soy yo y aquí estoy».

Nunca habríamos llegado a esas paredes de arena y cola, ese blando revoque sobre el que Nannetti cada día grabó el mundo de su psique, si el celador Aldo Trafeli no se hubiera obstinado en ello. Esta es también su canción. Dice Raúl Quinto en los agradecimientos que el hijo de Trafeli le pidió que tratara con respeto el legado de su padre. Ignoro si ha llegado a leer este libro. Quiero pensar que sí y que, igual que yo, ha salido de la lectura conmocionado por todas estas palabras. No hay mejor homenaje a la locura, a los locos y al asidero de la escritura que la hermosa mirada, igualmente hecha de incisiones en una página en blanco, de este libro de Raúl Quinto.

P. D: La luz y el sonido tienen la misma longitud de onda.

La Junta de Andalucía quiere convertir por decreto en “complementarias”, y no en esenciales, las profesionales al cuidado de los menores con necesidades especiales

[Publicado originalmente en elDiario.es] Para la Junta de Andalucía, atender en los centros educativos las necesidades especiales de una niña o un niño con espina bífida, parálisis cerebral, algún trastorno del espectro autista o sordera profunda no pasa de una simple cuestión accesoria, «complementaria», igual que el comedor o las clases extraescolares. Y eso a pesar de que más de cien sentencias judiciales dicen lo contrario, que se trata de un servicio esencial. Al Gobierno de Juan Manuel Moreno, no obstante, le da igual, y una vez más convierte en cruel norma el desprecio a los menores más necesitados.

La estrategia, en este caso, es la habitual: maltratarlos a través de las profesionales a su cargo. La precarización a la que se ven sometidas las PTIS (el personal técnico de integración social) ha llegado este curso a un extremo inconcebible, como pueden leer, seguramente con un nudo en la garganta, en este sobrecogedor reportaje.

Esas PTIS tienen reivindicaciones tan extravagantes como que se les haga personal laboral de la Junta, tal y como reconoce un centenar largo de sentencias. Hasta ahora viven sometidas a cambios constantes de contratos y condiciones

Esas PTIS tienen reivindicaciones tan extravagantes como que se les haga personal laboral de la Junta, tal y como reconoce ese centenar largo de sentencias. Hasta ahora viven sometidas a cambios constantes de contratos y condiciones, a veces a lo largo de un mismo curso, según la subcontrata a la que se le adjudique el servicio. Por desgracia, la Consejería de Educación y Deporte está al cuidado (es un decir) de Javier Imbroda, cuyo sadismo resulta digno de estudio. De hecho, con la intención de castigar a estas profesionales por su desvergüenza, no duda en trasladarlas sin aviso previo a otros centros educativos, aunque estén a dos horas de distancia en coche, aunque sea para trabajar solo tres horas y aunque suponga el repentino abandono de esas niñas y niños que las necesitaban para comer, para cambiarles los pañales o para ayudarles a relacionarse con otros pequeños. Que las necesitaban, en definitiva, para cuidarles, y con las que ya tenían establecido un vínculo fundamental. Es una dinámica idéntica a la de las ILSE, las intérpretes en lengua de signos española (aquí pueden leer un testimonio en primera persona de una de esas intérpretes).

Todos esos desmanes resultan posibles al considerar su labor bajo la categoría administrativa de “complementaria”, tal y como recoge el decreto que ahora prepara la Junta de Andalucía y que ha terminado de sublevar a estas trabajadoras (la inmensa mayoría son mujeres).

Se diría que en Andalucía los derechos humanos no rigen cuando se trata de según qué menores. Lo vimos ya cuando la Junta intentó cerrar en falso la muerte de Ilias Tahiris en un centro de reforma juvenil de Almería, lo que destapó la práctica habitual de métodos violentos e innecesarios. Lo vimos con el cierre sorpresivo del último centro de menores infractores de gestión pública (aquí también pueden leer un testimonio en primera persona). Cuesta imaginar el ensañamiento con el que un Gobierno autonómico de una democracia avanzada se ceba con los menores más vulnerables. Solo alguien sin un mínimo de sensibilidad humana puede alentar y legislar para favorecer esos atentados contra la más elemental dignidad humana, que es exactamente lo que hacen Moreno e Imbroda.

Claro que siempre tendrán la excusa de que, en el fondo, simplemente están aplicando las mismas políticas que iniciaron los gobiernos socialistas en Andalucía. Y en eso, sí, llevarán razón, por mucho que ahora los sindicatos mayoritarios pasen por ahí de puntillas. De aquellos polvos estos lodos y, entre tanto, cientos de niñas y niños son tratados como «complementarios». Por decreto, si hace falta.

Deja fuera del control de precios al 85% del mercado actual y no cuestiona que la vivienda se considere un bien más, en lugar de un derecho.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. La ley de vivienda que ha diseñado el Gobierno aborda de manera tan tímida la regulación de los alquileres que apenas va a cambiar nada si su versión final no se modifica sustancialmente. En primer lugar porque deja fuera del control de precios al 85% del mercado actual, esto es, a los propietarios particulares; da lo mismo si tienen una o cien casas o si te cobran un alquiler abusivo. Y es que la obligación de limitar el precio solo se dirige a las empresas, y no a todas, sino a las que cuenten con más de 10 viviendas. Es más, si un arrendador particular baja el precio del alquiler en un 5%, su actual bonificación fiscal del 60% puede llegar hasta al 90%. En resumen, mientras el arrendatario tendría una rebaja simbólica, el arrendador saldría ganando un buen pellizco. Por eso resulta necesario ese bono de alquiler para jóvenes que anunció Pedro Sánchez, ya que él mismo es consciente de que los precios no van a bajar.

En realidad, la versión actual de la ley no recoge ni un solo mecanismo, al contrario que la catalana, para que personas afectadas u organizaciones, como los sindicatos de inquilinas, denuncien incumplimientos.

En el mejor de los casos, de hecho, la ley no entraría en vigor hasta 2023, ya que el Gobierno ha elaborado un intricado laberinto burocrático para que la gestión recaiga en las Comunidades, lo que ya ha provocado que las que gobierna el PP aseguren que no moverán un dedo. En realidad, la versión actual de la ley no recoge ni un solo mecanismo, al contrario que la catalana, para que personas afectadas u organizaciones, como los sindicatos de inquilinas, denuncien incumplimientos. Estos pueden ir desde que los anuncios de alquiler no especifiquen con exactitud los metros cuadrados ni el precio anterior a que figuren gastos añadidos de forma artificial. Por ejemplo, esta ley permite que incluso el propietario aumente el precio del alquiler hasta un 10% si acredita (no se concreta cómo) que ha realizado obras de mejora. Además, la ley no obliga a que se mantenga un precio en los nuevos contratos de alquiler de 5 y 7 años, sino que abre la puerta a revisiones anuales, lo que impide la estabilidad y tranquilidad de los inquilinos.

Para ser sinceros, todo esto ya lo anticipó en febrero del año pasado el exministro Ábalos, cuando reconoció que la vivienda también es un bien de mercado, por si alguien se había creído la Constitución y lo consideraba un derecho. Lo que en el fondo Ábalos hizo fue dar carta de continuidad al paradigma cultural del franquismo con respecto a la vivienda. Igual que entonces, siguen vigentes las palabras de 1957 del ministro Arrese, que quería «un país de propietarios, no de proletarios». Así, el franquismo diseñó un modelo en el que la vivienda se entiende como parte de un activo financiero, un patrimonio con el que las familias, incluso las menos pudientes, pueden garantizar algo de herencia a sus descendientes.

La vivienda carece en España del grado de protección del que goza en tantos países de nuestro entorno, donde se legisla que, como bien fundamental, su precio no puede regirse por las reglas del libre mercado.

La vivienda pasa así a tratarse igual que cualquier bien de mercado, como recordó Ábalos, y por lo tanto a merced de los vaivenes especulativos. A veces los resultados son catastróficos, como ocurrió con la crisis de 2008. Todo ello explica también por qué la vivienda carece en España del grado de protección del que goza en tantos países de nuestro entorno, donde se legisla que, como bien fundamental, su precio no puede regirse por las reglas del libre mercado. De hecho, hace ya tiempo que Bruselas debería haber declarado nuestra anacrónica ley hipotecaria incompatible con la pertenencia a la Unión Europea, en lugar de limitarse a dar avisos inocuos ante las abrumadoras cifras de desahucios.

En definitiva, el modelo que impulsó el franquismo es el causante en última instancia de que el acceso a la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, se haya convertido en un privilegio. Ahora, el Gobierno tenía una ocasión única para haber comenzado a revertirlo. Por el contrario, en ningún momento ha cuestionado el fondo del asunto. En consecuencia, no aborda la vivienda, en este caso la regulación el alquiler, como un derecho básico. En eso es idéntico a sus predecesores, con la diferencia de que antes nadie nos intentaba convencer de que conservar semejante pilar del franquismo era lo más progresista de la democracia.

• Tal vez el ministro Escrivá debería probar en carne propia cada una de sus propuestas.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Varios días a la semana mi pareja y yo nadamos en un polideportivo público de Málaga. En la entrada al complejo siempre saludamos al mismo guardia de seguridad, cuya función consiste, principalmente, en comprobar que los tornos giran de forma correcta cuando pasamos nuestra tarjeta de abonados. Ya puesto, se ha aprendido todos los horarios de las clases, los distintos tipos de bonos y los precios, los descuentos para familias numerosas y un sinfín más de datos que ahorran a la gente algunas gestiones en la oficina de administración. Dice que, de ese modo, se aburre menos. Tiene turnos de diez horas. Ahí, de pie, viendo cómo un deportista detrás de otro empuja los tornos de acceso. Ya no está de moda, pero a ese tipo de trabajo antes se le llamaba alienante. Además, su valor social tiende más bien a cero.

A mí me gustaría poner al ministro Escrivá un año en turnos de diez horas, haga frío o calor, en la puerta de ese polideportivo y luego recordarle su última provocación: que en España hace falta un cambio cultural para que trabajemos hasta los 75 años. La idea no es mala; si curras hasta poco antes de morir, pensión que nos ahorramos.

El juego de Escrivá es sencillo: suelta una barbaridad, como esa de los 75 años, y espera las reacciones del resto de ministros. Cuando le caen los palos, entonces, con muy buenas palabras, nos aclara en Twitter que somos tontos y le hemos entendido mal.

El ministro José Luis Escrivá, al frente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fue uno de los fichajes estrella de Pedro Sánchez. No viene del partido, como tampoco Grande-Marlaska, a quien igualmente cabría describir con las palabras que Gabriel Rufián ha aplicado al primero: un ministro del PP “en la sombra”. Escrivá se trae un juego que, aun repetido, no le deja de aburrir. No en vano, como en el caso de Marlaska, el presidente del Gobierno le ha ratificado en su última remodelación. El juego es sencillo: suelta una barbaridad, como esa de los 75 años, y espera las reacciones del resto de ministros. Cuando le caen los palos, entonces, con muy buenas palabras, nos aclara en Twitter que somos tontos y le hemos entendido mal.

Lo vimos, en primer lugar, con el fiasco del Ingreso Mínimo Vital, que gracias a las trabas burocráticas que diseñó su ministerio no alcanza, ni de lejos, a todas las personas previstas ni en la cantidad que anunció. Hizo lo mismo que ahora con el borrador en el que proponía una ampliación hasta los 35 años del periodo de cálculo de la pensión, que en la práctica significaba una disminución de las cuantías. En ese caso no nos llamó tontos en su Twitter, sino que aseguró que el borrador no existía, era una ilusión óptica. Más adelante se soltó con aquello de que los baby boomer nos tendríamos que hinchar a trabajar más años o conformamos con una pensioncita, y de nuevo, ¡ay!, le habíamos entendido mal.

Lo peor, además, como ha explicado aquí mismo Joan Coscubiela, es que ha falseado los datos en esto del cambio cultural que hace falta para morirnos trabajando. Han sido, de hecho, las sucesivas reformas laborales las que sistemáticamente han tratado a los mayores de cincuenta años como material sobrante…, al tiempo que se les retrasaba la edad de jubilación. Esa de retrasar la jubilación, por cierto, fue una gran idea que ni la derecha se atrevió a formular en voz alta, sino que corrió a cargo de otro presidente socialista, Rodríguez Zapatero, al que de repente se le quiere ver como adalid del progresismo.

Pero sí, hace falta un cambio cultural, y eso pasa ineludiblemente por implicarse personalmente. Mi propuesta es sencilla: que todos esos que, como Escrivá, tengan ocurrencias de semejante tipo, las pongan a prueba en primera persona. Luego, después de currar hasta la vejez, y de paso con ese salario mínimo que tanto les cuesta aumentar, que nos digan cómo ha ido la cosa. Si se quedan en paro, dios no lo quiera, que intenten pedir el Ingreso Mínimo Vital.

“Jubilación” viene de “júbilo”, pero, para entonces, igual a ellos se les ha esfumado la alegría de vivir.

El Gobierno español acaba de condecorar con la Gran Cruz de Isabel la Católica a Iván Duque, cuando en Colombia aún están calientes los cuerpos de los manifestantes asesinados por protestar contra sus políticas.

[Publicado originalmente en elDiario.es] A finales del mes de abril por toda Colombia se vivieron enormes manifestaciones en respuesta a la reforma tributaria que pretendía el gobierno del actual presidente, el uribista Iván Duque. Si la crisis provocada por la pandemia ya estaba recayendo en buena medida en los sectores más desfavorecidos, la reforma de Duque buscaba castigarlos aún más, siempre en beneficio de los grandes poderes económicos. Sin duda, contaba con que el miedo al contagio frenara cualquier protesta masiva, pero se equivocó y la gente se echó a la calle. Cientos de ellos nunca lo contarán, y varios miles preferirán olvidarlo.

Como se sabe, la represión fue brutal, propia de un gobierno autoritario y despiadado. A principios de nuestro verano, las ONG de la zona ya contabilizaban alrededor de 550 desaparecidos, 51 homicidios y casi 4.700 casos de abusos policiales, datos que se han ido incrementando y que, probablemente, nunca conozcamos en toda su dimensión. Semejante carnicería solo fue posible gracias a una policía azuzada por las declaraciones incendiarias del propio Duque, que de ese modo devolvía a Colombia a sus peores décadas.

No en vano, algunos de esos “desaparecidos” comenzaron de repente a aparecer, o mejor dicho, a emerger: descuartizados, metidos en bolsas de plástico que flotaban en el río Cuaca, el segundo más importante del país. Hubo incluso cabezas que se encontraron dentro de sacos abandonados, y no faltan testimonios sobre las fosas comunes de algunas localidades.

En ese contexto, era previsible que el Gobierno de Iván Duque vetara el viaje de algunas de sus escritoras y escritores más representativos a la Feria del Libro de Madrid, que durante estos días se celebra con Colombia como país invitado. Esta medida, cuando menos, ha despertado la indignación de autores y libreros. Algo parecido acaba de suceder con el gobierno caudillista de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha emprendido una persecución contra Sergio Ramírez, su escritor más internacional. La oleada de protestas en el mundo de la cultura del Estado español no se ha hecho esperar, lo que incluye a instituciones como la RAE.

Sin embargo, la semana pasada Iván Duque fue recibido en España con todos los honores por el Rey y el presidente del Gobierno. La infamia llega hasta tal punto que no se contentaron con agasajarlo, cuando aún están calientes los cuerpos de los manifestantes asesinados por protestar contra sus políticas. De paso, el Consejo de Ministros, con la oposición de UP, le condecoró con la Gran Cruz de Isabel la Católica. El rey no dudó en brindar a Duque una “calurosa bienvenida” y expresarle su “profunda alegría”, en su nombre y el de la reina. Si tienen estómago lo pueden ver en Youtube.

Esta columna es una botella lanzada al Atlántico, con la esperanza de que alguien la recoja en las orillas caribeñas de Colombia y así sepa que aquí, a este lado del mundo, en este país al que llaman España, muchas y muchos nos sentimos asqueados y avergonzados.