Autor: santi

• Tal vez el ministro Escrivá debería probar en carne propia cada una de sus propuestas.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Varios días a la semana mi pareja y yo nadamos en un polideportivo público de Málaga. En la entrada al complejo siempre saludamos al mismo guardia de seguridad, cuya función consiste, principalmente, en comprobar que los tornos giran de forma correcta cuando pasamos nuestra tarjeta de abonados. Ya puesto, se ha aprendido todos los horarios de las clases, los distintos tipos de bonos y los precios, los descuentos para familias numerosas y un sinfín más de datos que ahorran a la gente algunas gestiones en la oficina de administración. Dice que, de ese modo, se aburre menos. Tiene turnos de diez horas. Ahí, de pie, viendo cómo un deportista detrás de otro empuja los tornos de acceso. Ya no está de moda, pero a ese tipo de trabajo antes se le llamaba alienante. Además, su valor social tiende más bien a cero.

A mí me gustaría poner al ministro Escrivá un año en turnos de diez horas, haga frío o calor, en la puerta de ese polideportivo y luego recordarle su última provocación: que en España hace falta un cambio cultural para que trabajemos hasta los 75 años. La idea no es mala; si curras hasta poco antes de morir, pensión que nos ahorramos.

El juego de Escrivá es sencillo: suelta una barbaridad, como esa de los 75 años, y espera las reacciones del resto de ministros. Cuando le caen los palos, entonces, con muy buenas palabras, nos aclara en Twitter que somos tontos y le hemos entendido mal.

El ministro José Luis Escrivá, al frente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fue uno de los fichajes estrella de Pedro Sánchez. No viene del partido, como tampoco Grande-Marlaska, a quien igualmente cabría describir con las palabras que Gabriel Rufián ha aplicado al primero: un ministro del PP “en la sombra”. Escrivá se trae un juego que, aun repetido, no le deja de aburrir. No en vano, como en el caso de Marlaska, el presidente del Gobierno le ha ratificado en su última remodelación. El juego es sencillo: suelta una barbaridad, como esa de los 75 años, y espera las reacciones del resto de ministros. Cuando le caen los palos, entonces, con muy buenas palabras, nos aclara en Twitter que somos tontos y le hemos entendido mal.

Lo vimos, en primer lugar, con el fiasco del Ingreso Mínimo Vital, que gracias a las trabas burocráticas que diseñó su ministerio no alcanza, ni de lejos, a todas las personas previstas ni en la cantidad que anunció. Hizo lo mismo que ahora con el borrador en el que proponía una ampliación hasta los 35 años del periodo de cálculo de la pensión, que en la práctica significaba una disminución de las cuantías. En ese caso no nos llamó tontos en su Twitter, sino que aseguró que el borrador no existía, era una ilusión óptica. Más adelante se soltó con aquello de que los baby boomer nos tendríamos que hinchar a trabajar más años o conformamos con una pensioncita, y de nuevo, ¡ay!, le habíamos entendido mal.

Lo peor, además, como ha explicado aquí mismo Joan Coscubiela, es que ha falseado los datos en esto del cambio cultural que hace falta para morirnos trabajando. Han sido, de hecho, las sucesivas reformas laborales las que sistemáticamente han tratado a los mayores de cincuenta años como material sobrante…, al tiempo que se les retrasaba la edad de jubilación. Esa de retrasar la jubilación, por cierto, fue una gran idea que ni la derecha se atrevió a formular en voz alta, sino que corrió a cargo de otro presidente socialista, Rodríguez Zapatero, al que de repente se le quiere ver como adalid del progresismo.

Pero sí, hace falta un cambio cultural, y eso pasa ineludiblemente por implicarse personalmente. Mi propuesta es sencilla: que todos esos que, como Escrivá, tengan ocurrencias de semejante tipo, las pongan a prueba en primera persona. Luego, después de currar hasta la vejez, y de paso con ese salario mínimo que tanto les cuesta aumentar, que nos digan cómo ha ido la cosa. Si se quedan en paro, dios no lo quiera, que intenten pedir el Ingreso Mínimo Vital.

“Jubilación” viene de “júbilo”, pero, para entonces, igual a ellos se les ha esfumado la alegría de vivir.

El Gobierno español acaba de condecorar con la Gran Cruz de Isabel la Católica a Iván Duque, cuando en Colombia aún están calientes los cuerpos de los manifestantes asesinados por protestar contra sus políticas.

[Publicado originalmente en elDiario.es] A finales del mes de abril por toda Colombia se vivieron enormes manifestaciones en respuesta a la reforma tributaria que pretendía el gobierno del actual presidente, el uribista Iván Duque. Si la crisis provocada por la pandemia ya estaba recayendo en buena medida en los sectores más desfavorecidos, la reforma de Duque buscaba castigarlos aún más, siempre en beneficio de los grandes poderes económicos. Sin duda, contaba con que el miedo al contagio frenara cualquier protesta masiva, pero se equivocó y la gente se echó a la calle. Cientos de ellos nunca lo contarán, y varios miles preferirán olvidarlo.

Como se sabe, la represión fue brutal, propia de un gobierno autoritario y despiadado. A principios de nuestro verano, las ONG de la zona ya contabilizaban alrededor de 550 desaparecidos, 51 homicidios y casi 4.700 casos de abusos policiales, datos que se han ido incrementando y que, probablemente, nunca conozcamos en toda su dimensión. Semejante carnicería solo fue posible gracias a una policía azuzada por las declaraciones incendiarias del propio Duque, que de ese modo devolvía a Colombia a sus peores décadas.

No en vano, algunos de esos “desaparecidos” comenzaron de repente a aparecer, o mejor dicho, a emerger: descuartizados, metidos en bolsas de plástico que flotaban en el río Cuaca, el segundo más importante del país. Hubo incluso cabezas que se encontraron dentro de sacos abandonados, y no faltan testimonios sobre las fosas comunes de algunas localidades.

En ese contexto, era previsible que el Gobierno de Iván Duque vetara el viaje de algunas de sus escritoras y escritores más representativos a la Feria del Libro de Madrid, que durante estos días se celebra con Colombia como país invitado. Esta medida, cuando menos, ha despertado la indignación de autores y libreros. Algo parecido acaba de suceder con el gobierno caudillista de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha emprendido una persecución contra Sergio Ramírez, su escritor más internacional. La oleada de protestas en el mundo de la cultura del Estado español no se ha hecho esperar, lo que incluye a instituciones como la RAE.

Sin embargo, la semana pasada Iván Duque fue recibido en España con todos los honores por el Rey y el presidente del Gobierno. La infamia llega hasta tal punto que no se contentaron con agasajarlo, cuando aún están calientes los cuerpos de los manifestantes asesinados por protestar contra sus políticas. De paso, el Consejo de Ministros, con la oposición de UP, le condecoró con la Gran Cruz de Isabel la Católica. El rey no dudó en brindar a Duque una “calurosa bienvenida” y expresarle su “profunda alegría”, en su nombre y el de la reina. Si tienen estómago lo pueden ver en Youtube.

Esta columna es una botella lanzada al Atlántico, con la esperanza de que alguien la recoja en las orillas caribeñas de Colombia y así sepa que aquí, a este lado del mundo, en este país al que llaman España, muchas y muchos nos sentimos asqueados y avergonzados.

• De momento, las medidas propuestas por el Gobierno para abaratar la factura pasan por meros parches y no se tocan los privilegios de las grandes eléctricas.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno ha esperado a que el precio de la luz casi cuadruplique al de hace un año para empezar a conjugar algunos verbos de acción. Hasta ahora, a pesar de la escalada sin precedentes en el precio de la factura, se había limitado a “estudiar”, a “analizar”, a “entender” el enfado de la gente y, sobre todo, a estar “preocupada”, ejemplos todos de diferentes entrevistas o declaraciones. Tiene que dar mucho gusto ocupar cargos como los suyos, cobrar un sueldo y llevarte prebendas inauditas para solo con la vuelta de las vacaciones, por fin, dejar escapar algunas frases como “vamos a regular inmediatamente para que no se vacíen los embalses”. Eso pudimos leer este lunes en una entrevista concedida a este mismo periódico. Porque esa es otra, mientras ella estudiaba, analizaba, entendía y se preocupaba, las hidroeléctricas han aprovechado para cometer algunos desmanes medioambientales, como vaciar embalses y así aumentar más el precio de su energía, por si era poca la escalada.

Con todo, a pesar de que por una vez le oigamos algún verbo de acción, la ministra, tanto en esa entrevista como en las demás, nos intenta convencer de que nuestro sistema tarifario es un accidente natural contra el que no cabe hacer nada. Hasta hace bien poco aún nos sermoneaba con que el aumento de precios suponía algo coyuntural, cuando la realidad es que atiende a un modelo perfectamente diseñado por los gobiernos del PP y del PSOE.

Da vergüenza que, a día de hoy, una ministra que debería liderar la “transición energética” aún lo fíe todo al libre mercado, y solo muy tímidamente reconozca que algunas propuestas de sus socios de Gobierno tienen sentido, que quizás una empresa pública o participada por el Estado no estaría de más. Por supuesto, a las pocas horas de que elDiario.es publicara esa entrevista, Nadia Calviño declaraba en RTVE que de eso nada, que el precio de la luz no depende de si la eléctrica que lo suministra “es pública o privada”.

Claro que no, qué locura, a quién se le ocurre que el precio de la electricidad pueda depender de si una empresa busca beneficios obscenos o simplemente cubrir un derecho básico. Es más, el hecho de que Felipe González entrara en el Consejo de administración de Fenosa (ahora Naturgy) después de sus mandatos fue solo pura casualidad, y no una puerta giratoria para devolver favores.

De momento, lo único cierto es que la ministra no contempla absolutamente ninguna medida de calado, si bien asegura que a medio plazo las habrá, y que algunas encuestas ya vaticinan que la derecha ganará las próximas elecciones. Las actuales propuestas del Gobierno pasan, más bien, por meros parches: sufragar a cargo de los presupuestos el suministro para los sectores más necesitados, continuar con la reciente bajada del IVA y otras iniciativas que, de ningún modo, ponen el foco en los emisores. A estos no se les toca, se les mantienen sus privilegios porque, al fin y al cabo, da igual si la energía la produce una empresa pública o privada.

El 90% del mercado está en manos de tres compañías (Naturgy, Endesa e Iberdrola) y, verdaderamente, como consumidores sujetos al actual sistema de fijación de precios poco podemos hacer para abaratar nuestra factura. No obstante, si no queremos darle nuestro dinero a empresas que, en pleno verano y con la sequía endémica de nuestro país, ni siquiera tienen reparo en vaciar embalses, hay alternativas. Yo mismo tengo mi contrato con la cooperativa Som Energia, pero existen otras. Corran, porque el Gobierno no se lo va a contar.

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  Desde los GAL al caso Kitchen nos hemos acostumbrado a que los ministros de Interior destaquen por su falta de escrúpulos morales. Hay que reconocer a Pedro Sánchez su acierto con Grande-Marlaska.

[Publicado originalmente en ElDiario.es]. No descubro nada si digo que las cloacas del Estado siempre han tenido sus principales fontaneros en el Ministerio de Interior. Desde los GAL al caso Kitchen nos hemos acostumbrado a que, por lo general, los ministros de Interior destaquen especialmente por su falta de escrúpulos morales. Por eso hay que reconocer a Pedro Sánchez su acierto, ya que es un perfil en el que encaja a la perfección Fernando Grande-Marlaska. Junto a Nadia Calviño, es el ministro que menos desentonaría en un gobierno del PP. Ni siquiera vio ningún conflicto de interés en que le llamara un partido del que no era miembro para abandonar de inmediato su puesto como magistrado de la Audiencia Nacional.

Marlaska es el ministro de Interior perfecto para el PSOE, y para el PP, claro, que solo encuentra cómo criticarle a través de alusiones a su vida privada. Es más, VOX debe de estar encantado con un ministro que siempre encuentra el modo de defender la ley mordaza, al que le parece bien la patada en la puerta contra la inviolabilidad del domicilio o que, sin llamarlos “menas”, como si formaran parte de alguna banda, está de acuerdo en que los niños tienen derechos inalienables únicamente si han nacido en suelo patrio. Todo eso, claro, no le deja de reportar problemas con sus antiguos colegas de la judicatura.

A él le da igual. A pesar de que es un hombre de retórica limitada, siempre tiene un ingenioso argumento cuando se trata de vulnerar derechos fundamentales: que si un piso vacacional no cuenta como domicilio, que si la ley de extranjería se puede reducir a una cuestión “jurídico-técnica”, que si las devoluciones en caliente en realidad son “rechazos en frontera”, que si quito las concertinas de las vallas fronterizas… pero las movemos unos metros más allá, del lado marroquí.

No se toma ni un respiro. El muy pillo ha intentado aprovechar el tradicional parón de agosto, a ver si nadie se percataba de que estaba enviando de vuelta a Marruecos, como paquetería express, a 800 de los menores que hace unos meses cruzaron la frontera de Ceuta. Al antiguo magistrado le daba igual saltarse todas las leyes que lo impedían, y de no ser por la rápida actuación de las organizaciones de la zona no se habría paralizado este apartheid. En realidad, lo del racismo de Marlaska con los niños no deja de sorprender: incluso ha conseguido abortar la reforma que preparaba el ministro Escrivá para facilitar los permisos de residencia a estos niños, y que precisamente se iba a aprobar este martes.

Este mismo verano Pedro Sánchez decidió reformar su gobierno y se quitó de en medio a algunos ministros y ministras molestos. No dudó en destituir, sin ir más lejos, a la vicepresidenta Carmen Calvo, que con su furor tránsfobo estaba poniendo en un aprieto al PSOE. A Sánchez, lo ha demostrado en varios ocasiones, no le tiembla el pulso. Por eso resulta más que evidente que está encantado con el fontanero Marlaska. Mientras el presidente pronuncia discursos sobre la protección a la infancia, el exmagistrado trata a 800 niños en Ceuta como mercancía apestosa. Pero no nos engañemos: por una vez tenemos un Ministerio de Interior a cargo del PSOE que actúa con transparencia, sin esas famosas “X” a despejar. No hacen falta: Sánchez y Marlaska son la ecuación perfecta. Tanto monta, monta tanto.

Nuestro sistema público de salud descansa cada vez más sobre los hombros de abnegados profesionales, sometidos a continuos recortes, escasos equipamientos e infraestructuras, falta de personal y turnos inhumanos.

Escribo esta columna aún convaleciente de una operación por desprendimiento de retina que sufrí a finales del mes pasado, como consecuencia de un golpe fortuito cuando iniciaba mis vacaciones en un albergue rural de Navarra. En menos de una semana he recorrido las Urgencias de tres hospitales públicos, uno en Pamplona, otro en Vitoria y finalmente en Málaga, mi ciudad, donde tuve la operación. Tres Comunidades y una misma pregunta: ¿hasta dónde están dispuestos nuestros gobiernos a seguir tensando la cuerda de la resistencia de los sanitarios?

Nuestro sistema público de salud descansa cada vez más sobre los hombros de abnegados profesionales, sometidos a continuos recortes, escasos equipamientos e infraestructuras, falta de personal y turnos inhumanos. En el primer hospital al que acudí ni siquiera me pudieron realizar la pertinente ecografía del ojo dañado debido a una avería del aparato. En el último me hizo un electrocardiograma una sanitaria que llevaba 14 horas de turno en unas Urgencias saturadas hasta un nivel difícil de olvidar, como no se ha cansado de repetir el sector desde hace años. ¿Cómo hacerlo?

He visto a enfermeras y enfermeros atendiendo a pacientes en camillas no ya arrinconadas por los pasillos, sino incluso en los despachos del personal administrativo. Los profesionales con los que tuve ocasión de hablar lo tenían claro: además de todo lo que he mencionado, la causa principal es la liquidación de la atención primaria, donde cada vez resulta más difícil obtener una cita en plazos razonables. En Andalucía lo conocemos bien. Los pacientes no tienen otro remedio que acudir a los servicios de urgencias hospitalarias, desbordados ya de por sí, y más desde el golpe de la pandemia. Baste un dato para Málaga: solo hasta julio el Hospital Regional Universitario había atendido 80.000 urgencias.

El resultado es inequívoco, como cualquiera puede comprobar sin necesidad de un periplo hospitalario parecido al mío: la merma de un derecho, el de la atención sanitaria universal y gratuita, que en cualquier democracia avanzada resultaría irrenunciable.

Esta situación resulta especialmente indecente cuando, en el segundo año de pandemia, hemos sabido, por ejemplo, que el Gobierno central ha aumentado el gasto en armamento, o que no deja de camuflar ingentes cantidades de presupuesto para el mantenimiento de la Corona, lo que incluye al rey furtivo. Durante el confinamiento, el presidente de nuestro Gobierno central aplaudía desde Moncloa cada tarde al personal sanitario, mientras que ahora los alcaldes erigen placas o monumentos de agradecimiento y los presidentes autonómicos les ensalzan en sus discursos navideños y cada vez que toca un nuevo empujón a la campaña de vacunación. A la hora de la verdad, sin embargo, no se les pagan los atrasos salariales, como en el caso andaluz, no se construyen los centros de salud prometidos en campaña ni se mejoran siquiera las condiciones para acceder a la profesión. En algunas regiones se hace a cara perro, como en la Comunidad de Madrid, donde el camino hacia la privatización de facto es ya indisimulable, y en otros se hace más de tapadillo, como aquí en Andalucía, donde el PSOE dejó bien sentados los cimientos sobre los que ahora se acomoda el trifachito.

El resultado es inequívoco, como cualquiera puede comprobar sin necesidad de un periplo hospitalario parecido al mío: la merma de un derecho, el de la atención sanitaria universal y gratuita, que en cualquier democracia avanzada resultaría irrenunciable. Ni siquiera una emergencia sanitaria como la que vivimos, la mayor en un siglo, está removiendo la escala de prioridades de casi ninguna administración.

Nuestro sistema público de salud está en la cuerda floja en numerosas comunidades. Vivir en tiempos de pandemia global con esa certeza solo genera ansiedad en los trabajadores y en la población en general, esa a la que luego se le pedirá no solo que aplauda a las ocho de la tarde, sino que acuda puntualmente a las urnas. Eso sí, con mascarilla y guardando la distancia de seguridad, que los hospitales están al límite.

• Da igual lo que hayan leído sobre esta novela excepcional: no trata de una España gobernada en el futuro por esta tendencia política, sino sobre los mecanismos psicológicos que permiten su auge aquí y ahora.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Lo primero que hacen las editoriales cuando una novela sale al mercado es buscarle un gancho para los lectores, una percha a la que se puedan colgar los medios generalistas y así atraer público. Esta es mi primera perogrullada. La segunda es la siguiente: en literatura resulta tan importante, si no más, el “cómo” que el “qué”, así que vayamos por partes a la hora de abordar Lux (Seix Barral), la última y extraordinaria novela del cordobés de adopción Mario Cuenca Sandoval.

El gancho, el “qué”, esa percha de la que colgar la atención del público, nos ha llegado de manera harto simplista. Lux nos muestra, hemos leído por ahí, una España de un futuro no muy lejano después de haber sido gobernada por un partido de extrema derecha ―que da título a la novela― liderado por el mesiánico Aliaga. Venga, ya tenemos el anzuelo, ese guiño a la actualidad reconocible. Pero no es verdad, claro que no. El lector que crea que se enfrenta a una suerte de ucronía, a alguna distopía más o menos al uso, saldrá felizmente decepcionado.

El verdadero asunto, el verdadero “qué” de esta novela, quizás la mejor de su autor, y lo dice alguien que ha leído toda su narrativa con admiración, es mucho más complejo: cuáles son los mecanismos psicológicos, por mucha y evidente que resulte su raigambre social, que permiten el auge de la extrema derecha. A mí me parece un empeño demasiado arriesgado, pero yo no soy Cuenca Sandoval. Y es que hace falta una mirada de largo alcance, de inusitada profundidad, una mirada compleja a la vez que sutil, donde nada resulte obvio, pero a la postre todo se nos haga evidente, inevitable. Hace falta, por seguir con el “cómo”, un autor que sepa dejar a la vista ―pero no demasiado― huellas, rastros, jirones y piezas de un puzzle compuesto de resquemor, personalidades que alimentan la bestialidad con su propia vulnerabilidad, personalidades heridas ni siquiera en lo más profundo, sino en su proyección exterior, pobreza intelectual disfrazada de boato y pompa. Hace falta ir más adentro, más adentro, meterse de lleno en lo que de íntimo esconde el clasismo, el odio del último al penúltimo; el desprecio, en definitiva, al semejante, a veces vestido de los ropajes, siempre demasiado impostados, del racismo, la homofobia, la xenofobia. Hace falta ir más allá del análisis sociológico, porque esto es literatura, para entender el sentimiento gregario de tantos pobres imbéciles a los que, sin embargo, jamás podremos compadecer porque, en suma, se convierten en matones, en la carne de cañón de los despiadados programas electorales que, a veces solo entrelíneas, redactan unos cuantos señoritos.

Aquí y ahora

La mirada de Cuenca Sandoval, insistamos, no es la mirada sobre esa España que podría llegar a ser, ese gancho simplificador, no. Se trata de la mirada sobre la España que es, porque solo con esta carta desde el futuro ―en eso consiste esta novela― comprendemos lo que hoy nos está ocurriendo: la caza al maricón, espoleada no solo por el discurso homófobo de la extrema derecha, sino por la complicidad de sus socios y la permisividad con una policía impune, siempre a gusto gracias a las medias tintas de nuestros ministros de interior; las judicaturas saliendo del armario fascista sin rubor ni complejos; el señalamiento a periodistas para que la horda domesticada los atemorice; el revisionismo de los consensos sobre el pasado; la educación como pastoreo de un rebaño dócil y, siempre, la patria por delante, esa “sugestión de masas”. La violencia, en definitiva, la violencia sin más, institucionalizada, sostenida en una manada de votantes, cada uno con su psique ridícula, pero comprensible, a cuestas. Y aquí me paro, porque hay tanto que es mejor que ustedes lo descubran.

Ese “cómo”, ya lo he mencionado, toma aquí la forma de una larga carta, un monólogo de casi cuatrocientas páginas que nunca pierde la tensión, la fiebre, un torrente tempestuoso que, lejos de bifurcarse en meandros, nos ahoga en su clarividencia. El remitente es alguien que vivió de cerca la fundación del partido Lux y convivió con él hasta sus últimas, lógicas pero nauseabundas, consecuencias. ¿A quién va dirigida esa carta? Lo fácil es decir que a todos nosotros, a esta sociedad que hoy se saca de la chistera problemas que creíamos superados. Pero nada en Lux es fácil, así que mejor me reservo la intriga para que ustedes lean la novela.

Y una última cosa: dicen los claims, esas frases que adornan las fajas de los libros a modo de reclamos, no sé cuantos elogios sobre la prosa impecable y portentosa de Cuenca Sandoval. Sin que sirva de precedente: es cierto.

• Entra en la recta final el crowdfunding de La Invisible de Málaga, unos de esos centros sociales que ha demostrado que, en crisis como la actual, la creación de comunidades es lo que nos salva

[Publicado originalmente en elDiario.es]. En estos días en que por fin nos quitamos las mascarillas y empezamos de nuevo a vernos las caras, se repite la pregunta de si la pandemia nos ha convertido en una sociedad mejor o, si por el contrario, nos ha vuelto más individualistas. En cualquier caso, como es habitual en situaciones extremas, cada quien habrá sacado a relucir su verdadera personalidad. No hay respuesta sencilla, sin embargo, para saber qué tipo de sociedad nos deja la pandemia, o desde luego no la hay a corto plazo. De lo que no tengo ninguna duda es de que esta crisis ha evidenciado cómo se activan o crean redes de cooperación que así llegan de tantas formas adonde no alcanza el Estado o lo público.

Han proliferado las experiencias de intercambio de recursos, tanto económicos como de saberes, han aumentado los comedores sociales, se ha fortalecido el tejido vecinal y de manera a veces muy ingeniosa se ha brindado apoyo a sectores tradicionalmente desprotegidos, como las personas migrantes no regularizadas. En una palabra, la pandemia ha puesto de manifiesto que la comunidad es el verdadero pilar de cualquier sociedad, sobre todo en momentos de catástrofes y, de hecho, en mitad del derrumbe siempre acaba por florecer de un modo u otro. Rebeca Solnit, por cierto, analiza este fenómeno en su libro Un paraíso en el infierno: las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre, donde pone el foco en algunas tragedias de primera magnitud, como el terremoto en Ciudad de México de 1985 o el huracán Katrina de Nueva Orleans, en 2005.

En una ciudad gobernada por el Partido Popular desde hace décadas, La Invisible es un milagro que se erige en un hermoso inmueble que rodea un patio andaluz del siglo XIX.

En esa situación, una vez más, los centros sociales de gestión ciudadana han resultado imprescindibles. Es el caso de La Casa Invisible de Málaga, que desde 2007 está ocupada por un heterogéneo grupo, siempre mutante, que no solo ha convertido el inmueble en un pulmón de creatividad y pensamiento en el centro de la ciudad, sino también en un catalizador de experiencias de ayuda mutua. En estos meses ha sido punto de encuentro y creación de red para personas golpeadas por la pandemia, ha puesto en marcha iniciativas como la Resistienda, asesorías jurídicas, muestras musicales y escénicas gratuitas a través de Internet antes de la apertura de aforos, al tiempo que no ha dejado de elaborar y reflexionar en común y críticamente sobre esta situación.

En una ciudad gobernada por el Partido Popular desde hace décadas, La Invisible es un milagro que se erige en un hermoso inmueble que rodea un patio andaluz del siglo XIX. No es un milagro, rectifico, es la obra de una comunidad que ha demostrado cómo se puede operar en contra de la lógica individualista, capitalista, en contra de la gentrificación y el parque temático en el que, con la ceguera de corto plazo y el relumbrón efímero, el alcalde Francisco de la Torre está convirtiendo la ciudad. Resulta comprensible, por tanto, que el gobierno municipal, en lugar de invertir en la conservación de un edificio del que es propietario y cuyo valor patrimonial está acreditado, haga dejación de sus funciones. De esa manera, si el inmueble se deteriora lo suficiente, podría justificar un desalojo. Lleva años intentándolo, pero nunca lo consigue gracias a la enorme solidaridad que el proyecto despierta.

Resulta imperioso mantener este edificio, y por eso La Invisible, que no recibe ninguna ayuda ni subvención pública, lanzó hace unos meses una campaña de crowdfunding con el fin de ejecutar algunas mejoras. El mínimo solicitado, que se alcanzó en unos pocos días, eran 30.000 euros. Con esa cantidad se podrían emprender algunas de las actuaciones de accesibilidad del edificio, y en efecto se han recaudado ya unos 45.000 euros. No obstante, el máximo presupuestado asciende a 90.000, y ya se ha llegado a la recta final para seguir donando en esta campaña de crowdfunding algo que, por cierto, desgrava en la declaración de la renta. Así que corramos, hagamos que La Invisible siga siendo de todas y todos. Hagamos comunidad.

• En el plazo de unos pocos días se ha ratificado la condena por blasfemia a una feminista, Juana Rivas ha perdido su libertad por proteger a sus hijos de un hombre condenado por maltrato y los asesinatos machistas han llegado incluso a niñas, pero algunos hombres aún se victimizan.

[Publicado originalmente en elDiario.es] En el año 2021, lo mismo que en la España nacional católica, nuestro Código Penal tipifica la blasfemia como delito, por mucho que le hayan cambiado la redacción. Por eso, la Audiencia Provincial de Málaga acaba de avalar la multa de 2.700 euros impuesta a una militante feminista. En 2013, participó en las protestas que tumbaron el intento de reforma de la ley del aborto del ministro ultracatólico Alberto Ruiz Gallardón. En España, en lugar de agradecer la lucha a las mujeres por los derechos irrenunciables, las sentenciamos, con todas las de la ley, gracias al artículo 525 del Código Penal, que estipula multas de hasta doce meses a “quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias […]”.

En el caso de la activista malagueña, su ofensa a los sentimientos religiosos consistió en formar parte de una de las muchas performances de aquellas protestas: una procesión paródica por el centro de la ciudad. En el trono procesionado la figura no era la de un apóstol, sino la del “Santo Chumino rebelde”, la del “Coño insumiso”. Años después, la organización fundamentalista Abogados Cristianos logró identificarla y la denunció. Es lo que tiene regular por ley los sentimientos, que a uno le pueden resbalar las violaciones sistemáticas a niños en el seno de la Iglesia, pero ofenderle terriblemente una sátira reivindicativa.

De más está decir que ni siquiera los Gobiernos del PSOE han querido nunca derogar ese artículo. Tampoco ahora, cuando le ha costado una condena a una feminista. A la hora de la verdad, como estamos viendo en estos días con la ley trans, el feminismo del PSOE es solo superficial. De hecho, en medio de tanto debate sobre los indultos a los políticos catalanes condenados por otra ley anacrónica (que esa sí se va a modificar) sorprende que no digan ni una palabra sobre Juana Rivas. En el plazo de unos pocos días, una mujer ha sido privada de libertad por negarse a entregar a sus hijos y otra ha sido condenada por ofender los sentimientos de un grupo de fanáticos católicos. Desde que se levantó el estado de alarma y los juicios se han retomado, no solo llueven este tipo de sentencias, sino que se multiplica, casi hasta los límites previos a la pandemia, la violencia machista, incluso con asesinatos a niñas, como hemos visto en Tenerife.

Esos son los tiempos oscuros que estamos viviendo. Y aun así, o precisamente a causa de ello, no son pocos los hombres que han intentado lanzar por redes una campaña de autovictimización: con lo buenos que somos, vienen a decir, resulta intolerable que las feministas generalicen de tal modo que, a la postre, acabemos todos en el mismo saco que cualquier maltratador. Esta campaña, de manera demasiado burda, solo pretende negar el carácter estructural de la violencia de género, que en nuestro país provoca una media de alrededor de 430 denuncias al día. Intentan equipararla a otras violencias coyunturales, lo que daría hasta risa si no fuera porque esa indecencia cuenta con representación parlamentaria. Algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, están admitiendo varios de esos presupuestos negacionistas y llegan a enmascarar la violencia machista con términos como “violencia intrafamiliar”. Es más, incluso uno de esos curas que no ofenden a Abogados Cristianos ha justificado los asesinatos de las niñas Anna y Olivia.

No pasa nada, no pasa nada si, como hombre, pretenden incluirme en su mismo saco de miseria moral. No pasa nada si, como hombre, me interpelan y buscan mi complicidad en su cruzada vomitiva. No pasa nada si, como hombre, constato que aún no se les ha hecho el vacío político y social, si incluso tengo que compartir con ellos algunos espacios públicos o verles en nuestras tribunas mediáticas. No pasa nada, porque por mucho que hieran mi sensibilidad, nuestra sensibilidad, tienen la suerte de no ofender mis inexistentes sentimientos religiosos. Y que Dios nos coja confesados, porque así nos va.

• Estafas, secuestros, golpes de Estado, prevaricaciones, malversaciones… Cuando gobiernan el PSOE o el PP, todo eso puede salir más barato que montar un referéndum.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Es un hecho que un indulto dice más de quien lo dicta que de quien lo recibe. En noviembre de 2011 José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno en funciones. Había perdido las elecciones, después de asegurar que España no sufriría la crisis económica, y Mariano Rajoy estaba a punto de ser investido. Zapatero sabía que todo lo que hiciera en ese breve período, antes de abandonar definitivamente La Moncloa, tendría una enorme carga simbólica, de manera que uno de sus últimos actos como presidente fue indultar a un banquero. Alfredo Sáez, consejero delegado del Banco Santander, el número dos de Botín, había sido condenado por acusación y denuncia falsas. En los años noventa, Sáez había amañado documentos para chantajear a empresarios y que pagaran una deuda contraída con Banesto, que entonces presidía. Con todo, la pena era más que llevadera: tres meses de arresto e inhabilitación. Hasta que la condena no se ejecutó, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de Aznar y de Rodríguez Zapatero, siguió cobrando su sueldo de más de 11 millones de euros.

El PSOE le debe tantos favores a la banca que Zapatero no podía esperar a que Rajoy le indultara. No en vano, los gobiernos de Aznar habían llegado a dictar 6.000 indultos, récord hasta la fecha. Zapatero no quería perder la oportunidad, aunque fuera contrarreloj, de enviar a la banca un mensaje prístino: estamos con vosotros, muchachos, no importa cuánto delincáis. De hecho, el Tribunal Supremo se pronunció en contra de ese indulto, porque Zapatero, en un gesto de servilismo humillante, incluso había hecho que al banquero delincuente se le anularan los antecedentes para que así siguiera ejerciendo. Quizás todo esto sirva para entender la oposición feroz de los gobiernos del PSOE contra cualquier intento de reforma profunda del sistema de hipotecas y el mercado inmobiliario en general.

El PSOE y el PP, de hecho, que como en tantos otros aspectos apenas se diferencian (lo acabamos de ver con sus votos en el Parlamento sobre la ley trans), se deben mutuos favores con esto de los indultos. El gesto más conmovedor lo tuvo José María Aznar, cuando en 1998 decidió indultar a José Barrionuevo, ministro de Interior en el Gobierno de Felipe González, y a Rafael Vera, secretario de Estado en el mismo Ministerio. Aznar acababa de tomar posesión de su cargo, y Barrionuevo y Vera llevaban la friolera de tres meses en la cárcel por un delito de nada: su participación en un grupo terrorista, los GAL, que había llevado a cabo uno de los secuestros más chapuceros que se puedan recordar, el del empresario Segundo Marey, hijo por cierto de un socialista y vecino del verdadero objetivo del comando. Un error lo tiene cualquiera. Además, estábamos en Navidad, de modo que Aznar tuvo ese precioso gesto con el PSOE y mandó a casa a ambos para que no se perdieran el turrón.

Me podría extender más y mencionar otras célebres medidas de gracia, como la del golpista Alfonso Armada, al que indultó Felipe González, o la del juez Gómez de Liaño, prevaricador constante, como recogía la sentencia. Es verdad que para este último caso se contaba con un buen motivo, como adujo José María Aznar: era año jubilar, así que hubo barra libre (más de 1.400 indultos, algunos de insumisos, con los que no habían corrido tanto). Por cierto, que fue precisamente el PP, de la mano de Rajoy, quien tuvo a bien indultar en 2013 al malversador Josep María Servitje, un antiguo cargo de Pujol, en lo que fue sin duda un guiño cómplice con el nacionalismo catalán, que se ve que por esa época molaba más.

En España nueve personas cumplen penas de cárcel (y tres más están inhabilitadas) acusadas de “sedición”, algunas desde hace casi cuatro años. Estafas bancarias, secuestros violentos, golpes de Estado armados, prevaricaciones, malversación de fondos… Se diría que en este país, cuando gobiernan el PSOE o el PP, todo eso puede salir más barato que montar un referéndum.