Autor: santi

• Un año ha bastado: las bonitas promesas de inicio de legislatura y los pactos de coalición ya solo salen en los titulares para certificar su incumplimiento.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Incluso para lo que estamos acostumbrados, y teniendo en cuenta que en esta ocasión no gobierna en solitario, al PSOE le ha durado muy poco el barniz progre: algo más de un año, el que dista desde la sesión de investidura.

El último hito lo puso este lunes José Luis Ábalos, cuando nos explicó a todos que vale, que igual la Constitución reconoce la vivienda como un derecho, pero que en realidad “también es un bien de mercado”. En cuanto se desmelenan, a los ministros del PSOE se les pone la cara en blanco y negro, ya sea para, como Ábalos, hacernos recordar a aquel viejo franquista que quería un país de propietarios y no de proletarios, o a Carmen Calvo para azuzar la transfobia con un repentino giro de discurso demasiado similar al de la extrema derecha.

Un año ha bastado: las bonitas promesas de inicio de legislatura y los pactos de coalición ya solo salen en los titulares para certificar su incumplimiento. No habrá regulación del precio de alquiler de las viviendas, a pesar del pacto firmado, que no ofrece lugar a interpretaciones. No habrá derogación de la Ley Mordaza, que ahora viene muy mal, sobre todo cuando a la gente le ha dado por manifestarse a favor de la libertad de expresión y nada mejor para disuadirnos que un buen disparo que te quite un ojo y las ganas de tonterías. Tampoco se va a derogar la reforma laboral, como no sea pasando por encima del cadáver de Nadia Calviño, que por lo pronto ya ha hecho el mérito de que no se cumpla el acuerdo de la subida del salario mínimo. De lo de la reforma de la Corona si eso ya hablamos cuando vuelva el emérito, si le apetece, pero de momento vamos a seguir gastando un pastizal en su retiro de fugado VIP. Lo del trato humanitario a los migrantes y la depuración de los cuerpos de seguridad, en fin. Si en Canarias no se está tan mal y tampoco pasa nada por que la Audiencia de Madrid acabe de imputar a toda la cúpula policial del Gobierno de Rajoy y que tantos implicados sigan tranquilamente en sus puestos. Qué más da si la guardia civil admite torturas hasta la muerte. Seguro que Marlaska tiene mucho lío como para ocuparse de esas menudencias.

Ábalos ha dado carpetazo a tanta chorrada. A partir de ahora el gobierno no va a legislar en materia de derechos sociales, sino a “promover” medidas, porque “imponer” está feo. Yo le agradezco la sinceridad. ¿A qué tipo de desgraciado autoritario se le ocurriría imponer un precio justo para un bien de mercado como, sin que lo supiéramos, es la vivienda? Vale que tenemos una pequeña crisis por no sé qué de una pandemia y que los índices de pobreza que se nos vienen encima van a ser de récord, pero bueno, para eso ha puesto el ministro Escrivá un Ingreso Mínimo Vital, aunque se parezca más bien poco al pactado. Ahora, lo que toca, es mirar hacia adelante, o hacia arriba, con altura de miras, cuanto más alto mejor: a Marte, que no en vano ha llegado un cacharro con tecnología española. De las cosas terrenales ya se ocupa, ya “promueve”, el gobierno.

Un añito ha pasado, un añito nada más.

• En medio de una crisis climática, sanitaria, económica y social como la actual, solo los más indecentes se empecinan en vender que el capitalismo nos sacará de esta.

[Publicado originalmente en elDiario.es]. Nos extinguiremos como especie, seguramente antes de lo que hoy podemos imaginar, y en el pico más alto de la remota isla que haya sobrevivido a la desertificación del planeta y la subida del nivel del mar, el “emprendedor” de turno intentará convencer a los últimos humanos de que la iniciativa privada, el esfuerzo, la meritocracia y la privatización del bosque de al lado nos podrán salvar.

En medio de una crisis climática como nunca habíamos conocido, una pandemia que reparte millones de muertos por todo el planeta, una debacle económica y social en ciernes, solo los más indecentes se empecinan en vender que el capitalismo nos sacará de ésta. Sobreviviremos, a pesar de la Unión Europea y su gestión mercantil de la crisis, de nuestros gobiernos municipales, autonómicos y estatales, incapaces de imaginar una solución que no pase por poner parches temporales. Sobreviviremos, a pesar de tantos medios de comunicación, casi indistinguibles en su discurso de fondo. Sobreviviremos, a pesar de nuestro sistema educativo, cada vez más orientado al mercado laboral y alejado de las humanidades. Sobreviviremos, porque no habríamos llegado hasta aquí si por debajo de todo el control que los poderes imponen a nuestras vidas no hubiéramos establecido, desde tiempos inmemoriales, mecanismos de cooperación. Sobreviviremos, sí, pero el daño será irreparable y la herida nunca cicatrizará si aún tenemos que oír que este es el mejor de los sistemas posibles.

Sobreviviremos porque no habríamos llegado hasta aquí si por debajo de todo el control que los poderes imponen no hubiéramos establecido, desde tiempos inmemoriales, mecanismos de cooperación. Sobreviviremos, sí, pero el daño será irreparable

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• La ordenanza que acaba de aprobar Málaga para regular la circulación de patinetes eléctricos y bicis revela, una vez más y en plena pandemia, la falta de políticas medioambientales en la ciudad.

[Publicado originalmente en elDiario.es].   La ordenanza que el Ayuntamiento de Málaga acaba de aprobar para regular la circulación por la vía pública de patinetes eléctricos y bicicleta es indecente, una oportunidad perdida para resolver una cuestión tan necesaria como urgente. A todos los niños les enseñan en las escuelas que la exigencia de un deber tiene que acompañarse de un derecho correspondiente, una lección de ética sencilla y comprensible. No obstante, el Gobierno municipal de Málaga ha optado por obligar a todos los ciclistas a circular, so pena de fuertes multas, por los carriles bicis, una medida sensata, si no fuera porque el Ayuntamiento se ha olvidado de construir esos carriles. No solo eso, sino que la ordenanza recoge también la obligatoriedad de aparcar las bicis en espacios habilitados, pero al mismo tiempo los portavoces municipales reconocen que se les ha pasado habilitar algunos más, ahora tan escasos. Todo esto podría dar risa, si no fuera por lo que en realidad revela un paso más hacia un modelo de ciudad ajeno a cualquier política medioambiental, un modelo alejado de la sostenibilidad y las formas de transporte limpias.

La guerra del PP contra las bicicletas viene de lejos. En Málaga, la legislatura pasada el Gobierno local anunció que no iba a cumplir su propio plan de alquiler de bicicletas municipales, que lo iba a dejar a un tercio de la previsión original. De esta manera, la segunda ciudad andaluza cuenta únicamente con unas pocas estaciones de alquileres, desperdigada en puntos demasiado lejanos como para resultar funcionales, al estilo de Sevilla, por ejemplo. Posteriormente, supimos que el carril bici proyectado para una de las principales arterias de la ciudad, Héroe de Sostoa, que además se trata de una vía muy ancha y de varios carriles, quedaba cancelado sin demasiadas explicaciones. Con el fin de la legislatura, comenzaron las obras para peatonalizar buena parte de la Alameda Principal, en pleno centro. Se trataba en principio de un amplísimo espacio peatonal, con un carril bici establecido en ambos sentidos. Las obras terminaron con el inicio de esta legislatura, pero se habían olvidado de construir el carril bici. El concejal del ramo aseguró que en breve veríamos ese carril. Años después no existe. Seguir leyendo “La guerra contra la bici”

• La subida del precio de la luz no es un problema coyuntural, como nos han dicho, sino que responde a un modelo bien estructurado.

[Publicado originalmente en elDiario.es] En estos últimos días hemos escuchado a varios miembros del Gobierno y a algunos supuestos “expertos” que la inaudita subida de un 27% que, en plena ola de frío, ha experimentado la electricidad es solo un problema “coyuntural”. No es verdad, en absoluto. Ese abuso inconcebible responde a un problema estructural, un modelo que ya arrastraba graves deficiencias, como el abultamiento de los impuestos indirectos de la factura, y que apuntaló el Gobierno de Aznar.

El sistema de fijación de precios, mediante subasta alcista, no es solo opaco, sino que está concebido, precisamente, para favorecer la especulación. Cada día las generadoras prevén la demanda de las comercializadoras de energía para la siguiente jornada. La OMIE (el operador de mercado eléctrico designado) escoge las ofertas de más barata a más cara y de ese modo se va cubriendo la demanda. Si hay poca demanda, enseguida se cubre el proceso con las primeras ofertas, las más baratas. No obstante, si hay mucha demanda, como en caso de una ola de frío, no se cubre hasta llegar a las últimas ofertas, las más caras. Y, milagro, el precio más caro que se pague es el que se fija definitivamente. En resumen: la previsión de consumo alto determina al alza el precio de la luz.

Este sistema, por tanto, no deja intervenir al Estado en la regulación de la tarifa. Por el contrario, trata la electricidad como un bien de mercado más, sujeta a las leyes de la especulación, y no como un producto de primera necesidad. El PSOE ha sido cómplice de este sistema incluso en la oposición. Nunca se ha avenido ni siquiera a reducir el IVA de la factura, como demandan las organizaciones de consumidores. Es de entender si tenemos en cuenta cómo las grandes eléctricas han sido una de las principales puertas giratorias, con el caso más representativo de Felipe González en el Consejo de Administración de la antigua Fenosa, hoy Naturgy (la responsable de los 100 días que en la Cañada Real de Madrid llevan sin luz). No en vano, entre esa empresa, Endesa e Iberdrola controlan el 90% del mercado español.

Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, no parece darse por enterada de nada de esto, cuando precisamente el modelo actual, en tanto que alcista, cierra el paso a la energía renovable, mucho más barata.

Pobreza energética

La pobreza energética afecta ya al 15% de la población residente en España, cerca de 7 millones de personas. Según los datos de la agencia europea Eurostat, en 2018 más de un 9% de la población española no podía mantener su casa suficientemente caliente. El decreto que ha aprobado el Gobierno para “consumidores vulnerables” está resultando del todo insuficiente, empezando por la propia ambigüedad de esa categoría y terminando, como es habitual, por una serie de obstáculos burocráticos sin sentido. El Real Decreto ni siquiera ha recogido el llamado “principio de precaución”, según el cual una suministradora nunca podría cortar el gas, la luz o el agua a un hogar si, previa consulta, los Servicios Sociales acreditan la falta de recursos.

Por todo ello resulta comprensible que en 2017, cuando solo era un diputado del Partido Comunista, y no ministro de Consumo, Alberto Garzón afirmara, ante una subida del precio de la luz menor que la de ahora, que “la oligarquía nos mete la mano en el bolsillo y el Gobierno no actúa. ¡Hay que nacionalizar!”. En términos parecidos se expresaba el mismo año Pablo Iglesias, hoy uno de los vicepresidentes del Gobierno: “Disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice”.

Es una pena que en esta ocasión nos hayamos enterado de que simplemente “hemos pedido a las CNMC que investigue si ha habido irregularidades en el mercado”, como ha expresado en Twitter el ministro Garzón. Menos mal que ha añadido: “Estamos buscando soluciones definitivas para una tarifa regulada que proteja especialmente a las familias más vulnerables”. Donde antes se hablaba de gobiernos cómplices y de nacionalizar ahora nos hemos quedado con buscar, para un futuro indeterminado, alguna tarifa regulada. No sé ustedes, pero yo me he quedado helado.

• Ahora nos parecen ridículas expresiones como “líder político”, “ministro”, o no digamos ya “presidente del gobierno”.

[Publicado originalmente en elDiario.es] En la primavera del año 2020 España entró en estado de alarma, que era la figura jurídica que permitía al gobierno restringir derechos fundamentales y confinar a la población en sus hogares. Uno ponía la televisión y solo encontraba hospitales saturados, sanitarios exhaustos, cadáveres de ancianos abandonados en residencias y cifras ascendentes de muertos, miles de muertos, decenas de miles de muertos. Daba igual la parte del mundo. En cualquier país se improvisaban morgues, el ejército patrullaba las calles o trasladaba ataúdes, a veces en interminables hileras de camiones. Para comprar alimentos había que esperar en colas al exterior, siempre enfundados en guantes, mascarillas improvisadas en casa y convenientemente separados del resto. Ni siquiera los niños tenían permitido salir a la calle. De alguna manera debían seguir telemáticamente el curso escolar, pero muchos no tenían medios para hacerlo o sus padres no podían estar pendientes de ellos las veinticuatro horas diarias que ahora debían convivir. Ellos también trabajaban a distancia si su empleo no era de los considerados esenciales y si no habían sido despedidos. Sectores económicos enteros se descalabraban, y no estaba claro que todo el que saliera indemne de la pandemia fuera a sobrevivir a una crisis que iba a camino de dejar la de 2008 en una anécdota.

El fin de esas medidas, la apertura de fronteras y la llegada del verano acabaron precipitando otra ola de contagios, de manera que en otoño el gobierno recurrió nuevamente al estado de alarma, esta vez sin confinamientos domiciliarios. No cabía duda de que en esta ocasión los hospitales estaban mejor preparados, que la población más vulnerable se protegía en mayor medida y que los contagios entre los jóvenes, desatados tras el encierro de la primavera, por norma general no requerían ingresos clínicos. Con todo, los muertos diarios se contaban otra vez por cientos. Uno pisaba la calle y se veía rodeado por una multitud cautelosa, precavida. Las colas se extendían por los aceras de los establecimientos para no superar los nuevos aforos de interior, y en ellas todo el mundo guardaba un metro y medio de distancia entre sí, apenas se cruzaban brevísimas charlas si se coincidía con un vecino y hasta parecía que por una vez la gente no se comunicaba a gritos, porque se sabía que eso aumentaba las posibilidades de contagio. Ni siquiera estaba permitido fumar en las terrazas de los bares. Ahora nos saludábamos con un choque de codos o la mano en el corazón y, por mucha mascarilla que lleváramos, un observador atento podía apreciar una diferencia sutil en las conversaciones: todos hablábamos como en posición de retroceso, como si estuviéramos a punto de marcharnos, siempre a un brazo de distancia de ese conocido con el que nos topábamos, del antiguo colega de trabajo, de un compañero de un curso al que con la mascarilla casi ni habíamos identificado. En la calle uno se contemplaba como desde fuera, desdoblado, en tercera persona.

Por si fuera poco, la movilidad había quedado restringida. Nadie podía circular por la vía pública en horario nocturno, ni desde luego desplazarse a otro municipio. Solo con la llegada de la Navidad se aliviaron, en cierta medida, algunas de esas restricciones.

Esas mismas Navidades, a la vez que una nueva cepa del virus multiplicaba los contagios, por fin comenzaba en todo el continente la campaña de vacunación. Era un hito impensable tan solo unos meses atrás y que únicamente se consiguió gracias al esfuerzo conjunto de científicos de todo el globo, por una vez libres de intereses geopolíticos.

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• Son múltiples las causas que llevan a que un número creciente de personas confunda el respeto a la libertad de expresión con el respeto al contenido de las propias expresiones. Hemos llegado a tal extremo que se exige respeto a opiniones que, por un lado, cuestionan hechos incontrovertible y, por otro, consensos de carácter ético y moral.

La tensión social que está provocando la pandemia ha dado lugar a que un día sí y otro no tengamos que oír dislates de todo tipo, pero quizás el más sorprendente resulte ese de que todas las opiniones son respetables. Sin duda, hay múltiples causas que llevan a que un número creciente de personas confunda el respeto a la libertad de expresión con el respeto al contenido de las propias expresiones. Parece evidente que las actuales técnicas de manipulación tienen mucho que ver, pero seguramente todo esto viene abonado por el espacio cada vez menor que ocupan las humanidades en los planes educativos.

Hemos llegado a tal extremo que se exige respeto a opiniones que, por un lado, cuestionan hechos incontrovertibles y, por otro, consensos de carácter ético y moral. Así, cualquiera puede ahora cuestionar que el coronavirus sea contagioso, que la mascarilla tenga alguna utilidad o que, incluso, los hospitales hayan estado alguna vez saturados. Es su opinión, y en un Estado de derecho, donde la libertad de expresión resulta fundamental, merece ser respetada. Da igual que los hechos contradigan semejantes desvaríos, que los mecanismos de creación de bulos estén bien estudiados o que los verificadores de noticias cuenten con los máximos avales: eso también es opinable, ¿o acaso somos borregos, metidos en la vereda de la corriente oficial de pensamiento? Y eso nos lleva al segundo aspecto: el de opinar sobre valores. Seguir leyendo “¡Respeta mi opinión!”