[Publicado originalmente en eldiario.es]. A veces hay que tomar medidas extremas, reunir el coraje suficiente y llevar a cabo acciones para las que uno no se creía preparado: por ejemplo, escuchar un programa matinal de la cadena COPE. Una de esas valientes fue mi amiga Carol. Hasta no hace tanto, ambos habíamos sido vecinos en el mismo bloque del centro, del que la gentrificación nos fue expulsando, primero a mí (como conté aquí) y recientemente a ella. Carol llamó a la COPE porque el alcalde tenía la gentileza de atender telefónicamente las quejas de las vecinas y vecinos de Málaga.
«Soy una expulsada del centro. No me han renovado mi contrato de alquiler porque quieren construir en el edificio apartamentos turísticos». Merece la pena transcribir la respuesta del alcalde: «A lo mejor en lugar de apartamentos turísticos hay un nuevo inquilino al que simplemente se le ha pedido un alquiler más alto». Carol le tuvo que explicar al regidor, supongo que sintiendo cierta vergüenza, la relación entre lo uno y lo otro: el auge ilimitado de los apartamentos turísticos ha provocado que ya apenas queden viviendas de larga duración en Málaga para alquilar, lo que tiene como consecuencia su brutal encarecimiento.
Paco de la Torre, alcalde de Málaga desde hace dos décadas, tiene un problema de primera magnitud en la ciudad, y parece que es el único que aún no se ha enterado. Málaga es la capital andaluza (y la cuarta estatal) con los precios de alquiler de vivienda más caros, como ha demostrado un organismo municipal, el OMAU. Se ronda la media de los 900 euros, y ya ha quedado en evidencia que incluso el Parque Tecnológico de Andalucía ha debido frenar las contrataciones y que sus empleadas no encuentran lugar en el que vivir, y la misma denuncia se ha emitido desde colegios, institutos y centros sanitarios: las profesionales que ganan su plaza en Málaga deben renunciar. Simplemente, no hay viviendas.
La situación ha llegado a tal punto que en la actualidad son alrededor de 700 las familias para las que se ha aprobado la ayuda municipal de alquiler de vivienda, pero siguen en la calle por lo mismo: no encuentran una casa. Cerca de 50 de esas ayudas corresponden a mujeres supervivientes de la violencia machista: se les conmina a denunciar, y luego se las deja en la calle porque las casas se entregan a grupos en despedidas de soltero, por ejemplo. Poco más de 4.000 personas residen ya en el centro, y están desesperadas, según han expuesto sus representantes en multitud de foros, incluso en el pleno municipal: edificios enteros convertidos en apartamentos para el turismo de botellón, servicios básicos eliminados de golpe en favor de terrazas, comercios de grandes firmas, restaurantes de comida rápida y otros equipamientos únicamente destinados a los visitantes. No quedan supermercados, por ejemplo, ni siquiera espacio para el tránsito de ambulancias, lo que ya ha costado alguna muerte evitable. El centro es un escaparate para los inversores, no para sus habitantes. Y el problema, aunque De la Torre no lo vea, se ha extendido, se ha «esponjado», como dicen los urbanistas. El efecto cadena es imparable.
No es solo la subida desproporcionada de las renovaciones de contratos y la conversión en apartamentos turísticos de los edificios. El ruido continuo de las calles hace realmente invivible la zona: bares hasta altas horas, camiones de limpieza durante la madrugada, procesiones cada semana, calles privatizadas durante todo el día por las cofradías para sus fiestas particulares, eventos municipales con escenarios y megafonías, riadas de beodos hasta el amanecer con su pack de todo incluido. La Asociación de Vecinos del Centro ya ha acreditado problemas de salud (relacionados con el estrés y la falta de sueño) de los últimos habitantes, que son aquellos con pisos en propiedad. Yo no lo soporté más. Carol tampoco.
Si no somos felices en la ciudad, ¿dónde?
El último peldaño ha sido el anuncio del alcalde para desalojar por la fuerza La Invisible a lo largo de este verano. Es una medida ilegal, toda vez que La Invisible se encuentra en una situación de cesión en precario, y no de usurpación, como pretende el regidor, gracias a que él mismo firmó en 2011 un acuerdo aún prorrogado. Aunque él no dé validez a su palabra ni a su firma, el ordenamiento jurídico sí lo hace. Frente a la falta de argumentos legales para ese desalojo, según expuse aquí, el alcalde ha recurrido a una nueva mentira: el inmueble tiene problemas de seguridad. Los propios técnicos municipales le han desmentido, pero hace oídos sordos. Desde marzo de este mismo año tiene en su cajón el resultado de la última Inspección Técnica de Edificios, que literalmente dice: «No son necesarias medidas urgentes, ya que no existen problemas graves de estabilidad estructural ni se observan riesgos de desprendimientos».
De la Torre ya ha demolido 120 edificios de carácter patrimonial en los últimos 10 años (así que lo de centro «histórico» va perdiendo su razón de ser) y pretende hacer lo mismo con La Invisible para venderla al mejor postor, uno de esos inversores privados que no destaque precisamente por su reparto de la riqueza. No es por tanto solo La invisible y su modelo de cultura, sociabilidad y gestión ciudadana lo que nos jugamos, sino qué tipo de ciudad queremos. Por eso, el próximo 19, cuando de nuevo salgamos a la calle a defender La Invisible, en realidad estaremos defiendo la reproducción de la vida, los lugares de esparcimiento y encuentro, de cooperación, creatividad, los espacios para los cuidados y la experimentación feminista. Estamos defendiendo una ciudad para sus habitantes, una ciudad en la que tengamos la oportunidad de ser felices. Mi amiga Carol intentó que el alcalde lo entendiera. Al final lo comprenderá, pero le habrá costado el cargo. Le da igual: él tiene su casa. En propiedad, y fuera del centro.
