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• El maltrato constante de la Junta a las PTIS, profesionales al cuidado del alumnado con necesidades especiales, solo busca dejar a estos menores en la cuneta de la sociedad

[Publicado originalmente en elDiario.es]. El pasado domingo el Unicaja ganaba en Belgrado la final de la Basketball Champions League. Tanto el alcalde de Málaga como el presidente de Andalucía asistieron al partido. El último incluso a la semifinal del viernes, donde se le pudo ver coreando el himno del equipo de cara al graderío y aclamando a los vencedores. Todos esos jugadores de élite, como no podía ser de otra forma, se encuentran en su esplendor físico: estaturas fuera de lo común, cuerpos trabajados cada día en el gimnasio, capacidades atléticas inalcanzables, resistencia y fondo envidiables. Jóvenes, en definitiva, que de algún modo encarnan todos los cánones occidentales que desde hace milenios configuran el cuerpo masculino.

Tan solo unos días antes, el jueves de esa misma semana, el pleno municipal de Málaga rechazaba, con los votos de PP, Vox y parte del PSOE, una moción para mejorar la atención de otro tipo de jóvenes: los que no gozan de esos cuerpos apolíneos, los que apenas se pueden valer por sí mismos, ni siquiera, en muchos casos, para alimentarse, para ir al baño, para espantarse una mosca de la cara. Son menores con espina bífida, parálisis cerebral o algún trastorno del espectro autista. Son quienes no encarnan los cánones occidentales, y a los que, ya puestos, la administración pública les va haciendo la vida todavía más y más difícil. Es lo que denunciaron en el pleno, a través de una alocución de su portavoz y de una moción presentada por el grupo Con Málaga, las PTIS, como se conoce al Personal Técnico de Integración Social.

Son mujeres, casi en totalidad, cuyo trabajo consiste en que el alumnado más vulnerable, con necesidades educativas especiales, pueda acudir a la escuela pública en la mismas condiciones que el resto. Tienen que garantizar las necesidades de higiene, de autonomía, de apoyo curricular, de prevención de acoso: “Somos las manos, los pies y los ojos de los niños y las niñas que más nos necesitan en la escuela pública”, dijo su emocionada portavoz al presentar la moción. Más de cien sentencias judiciales en estas décadas les dan la razón: las PTIS prestan un servicio esencial, lo mismo que las Intérpretes de Lengua de Signos, cuya situación es idéntica. Más de cien sentencias a las que la Junta, antes con el PSOE y ahora con el PP, hace caso omiso, hasta el punto de catalogar el servicio como “complementario”.

Agotar a las PTIS, someterlas a estrés y ansiedad perennes, con contratos impropios en una democracia y condiciones increíblemente agresivas, es una simple estrategia para conseguir el fin último: que el servicio desparezca, que los menores vulnerables, esos que no gozan de cuerpos espléndidos, se queden en la cuneta de la sociedad

Tan es así que ese servicio, a pesar de prestarse en centros educativos públicos de Andalucía, está privatizado, y año a año la situación de las profesionales empeora hasta límites crudelísimos. Basta con que alguna alce la voz y denuncie la salvaje precarización de sus vidas para que la Junta le aplique castigos sobrecogedores, con traslados a destinos situados a 200 kilómetros de sus domicilios para jornadas de tan solo tres horas. Agotar a las PTIS, someterlas a estrés y ansiedad perennes, con contratos impropios en una democracia y condiciones increíblemente agresivas, es una simple estrategia para conseguir el fin último: que el servicio desparezca, que los menores vulnerables, esos que no gozan de cuerpos espléndidos, se queden en la cuneta de la sociedad.

El último paso en ese sentido lo ha dado la empresa que actualmente gestiona el servicio, la Fundación Samu. Por cierto, que en estos sectores, con especial relevancia en el de las intérpretes, es habitual que cada año cambie el adjudicatario, a veces incluso con dos en un solo curso. La costumbre pasa por que la concesionaria que abandona el servicio deje nóminas y atrasos sin pagar, además de otros despropósitos. Fundación Samu, adjudicataria actual, es una empresa que vive exclusivamente de los contratos públicos, como han denunciado las trabajadoras, y cuyo modelo de negocio se basa, añaden, en la explotación laboral. Por eso acaba de presentar un ERTE, que apenas fundamenta, pero que pondrá en la calle a buena parte de la plantilla, si no a toda, y que sin duda les llevará al paro durante los meses estivales y les hará perder la antigüedad, entre otros problemas.

La solución, como llevan décadas exigiendo, y en los últimos meses a través de una huelga, es indiscutible: que la Junta de Andalucía asuma a las trabajadores de ese servicio esencial como personal laboral. Y a eso se niega, y a solicitar algo tan cabal se negó el pasado jueves el pleno municipal del ayuntamiento malagueño. Un día después, Juanma Moreno aclamaba a los millonarios del Unicaja, un equipo, por cierto, fuertemente subvencionado.

Como esta es una columna de opinión, no me voy a andar con paños calientes: los ataques a las PTIS esconden un rechazo frontal y nauseabundo hacia los cuerpos enfermos. Y eso tiene un nombre, por mucho que se enmascare: eugenesia.