Cofradías: que baje dios y lo vea

En el último monográfico de Gente Corriente (titulado Omnia sunt communia: para todas todo) firmo dos artículos: uno sobre Limasa (en este enlace), la empresa de limpieza de Málaga, y este otro sobre el dinero público que el Ayuntamiento de la ciudad destina a las cofradías:

En noviembre de 2017 un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga aprobaba una modificación presupuestaria, con los votos del PP y el apoyo entusiasta de su apéndice naranja, que contenía una partida de 229.000 euros para 21 cofradías. Esa cantidad se repartía desde los 7.000 euros a la de El Huerto para unas bambalinas laterales del palio del trono de la Virgen, a los 17.000 euros de la Expiración (para la restauración del suelo del salón de tronos) y la Esperanza (restauración de túnicas), pasando por 16.000 a la cofradía de Zamarrilla (realización de un grupo escultórico) y la del Rico (14.000 euros para reformar su museo y las vitrinas) o El Cautivo (8.000 euros para renovar los uniformes de la banda musical). ¿Parece esto excesivo? Pues en julio del mismo año ya se habían aprobado otros 115.000 euros para ayudas similares.

Por tanto, en un solo año se han entregado a las cofradías unos 345.000 euros, a los que hay que sumar las constantes concesiones de parcelas y locales o edificios municipales, por no mencionar los cambios arquitectónicos en nuestras plazas y calles para franquear el paso a los tronos, lo que acaba por configurar una suerte de «urbanismo cofrade». Esto es, la configuración del espacio público en función de intereses privados y religiosos. A este respecto, podemos recordar a vuelapluma la tala de cipreses centenarios en la plaza de San Francisco (que el vecindario impidió que fuera a más) o la pérdida de la subvención europea para remodelar la plaza de Camas, ya que el proyecto original dificultaba la salida de procesiones, lo que finalmente nos ha costado alrededor de un millón y medio de euros del erario municipal. La plaza de Camas, como se sabe, es la misma en la que el Ayuntamiento ha cedido a la cofradía de las Fusionadas (sí, la de Antonio Banderas) una parcela valorada en 750.000 euros para la construcción de su casa de hermandad, mientras ha sido incapaz de instalar toldos contra el sol, debido a la falta de arbolado, en la pequeña zona infantil, como se ha reclamado en repetidas ocasiones.

Podríamos enumerar muchos más casos: la cesión en 2015 de gran parte del Hospital Noble, donde actualmente tiene su sede la empresa de aguas municipales EMASA, a la cofradía del Descendimiento por un total de 50 años (el mismo mecanismo, tan habitual, que según el alcalde no se puede cumplir con La Invisible, como explican sus portavoces en una entrevista de estas mismas páginas). Es solo un ejemplo actual, al que se puede sumar la cesión reciente de otros locales o edificios a la cofradía del Cristo del Perdón, a la de Nuestra señora de los Dolores, a la de las Angustias, la del Jesús de la Pasión o a un sinfín más que abarca no solo a las 44 que procesionan.

No se trata solo de las cofradías. Como es sabido, en 2003, con el gobierno Aznar, una modificación legislativa permitió que, en una suerte de inversión de las desamortizaciones del siglo XIX, según podemos ver en este número de Gente Corriente, la Iglesia haya puesto desde entonces a su nombre más de 4.500 inmuebles en todo el país, algunos tan emblemáticos como la mezquita de Córdoba. Por supuesto, como ocurre con el resto de sus propiedades, la Iglesia también está exenta del pago de IBI con estas nuevas inmatriculaciones. En Málaga se valió de este procedimiento para en 2011 poner a su nombre la catedral, ni más ni menos, y de paso los jardines que la rodean… pero de su mantenimiento y cuidado se encarga el propio ayuntamiento.

Sin irnos tan lejos, en octubre de 2017 el Obispado de Málaga comenzó a construir una centro de catequesis, con decenas de aulas, varias plantas y parking particular, en una parcela municipal cedida graciosamente por el Ayuntamiento en la calle Crónica, en la barriada de Puerta Nueva. La particularidad residía en que en esa parcela se asentaba la única pista deportiva de carácter gratuito de toda la barriada, por lo que era usada a diario por grupos de jóvenes, que de un día de otro perdieron un equipamiento público en favor de intereses privados, pese a las numerosas protestas vecinales.

¿Y el dinero para las barriadas?

Aquel pleno extraordinario de noviembre de 2017 aprobó también otra modificación presupuestaria para invertir 12,1 millones pendientes desde 2015 y otros 7,6 millones de 2016. Este remanente era consecuencia de la mala gestión presupuestaria, que una año más dejaba sin ejecutar partidas importantes para el desarrollo de la ciudad. A estas cantidades hay que añadir otros 37,5 millones de euros que supuestamente se han ejecutado antes de fin de año. Todo ello se aprobó justo un día después de que Hacienda, por mandato del ministro Montoro, anunciara la intervención de las cuentas del ayuntamiento de Madrid en función de unos criterios que podrían haber sido aplicados perfectamente a Málaga, cuyas inversiones carecen en numerosa ocasiones de las más elementales justificaciones.

La mayor parte de esas inversiones están dirigidas a las áreas donde el PP y Ciudadanos consiguen más votos, en muchos casos sin la preceptiva justificación sobre el ahorro que a la larga generarían para la ciudad. Todo ello mientras que de nuevo se ha dado de lado a la periferia, como son los casos de Campanillas o Churriana, en los que se invierten 393.000 euros y 60.000, respectivamente (recordemos: 245.000 para las cofradías), muy lejos de los casi 5 millones que suman entre el centro y la zona Este, principalmente en Pedregalejo y Limonar. Aunque parezca increíble, era la tercera o cuarta vez que el ayuntamiento anunciaba o, mejor, «vendía» a golpe de titular, esta inversión en los distritos. ¿Cómo lo hace?

De manera habitual, el equipo de gobierno anuncia sus partidas estrella para los siguientes presupuestos (primera vez que las vende), meses después, según se aprueban esos presupuestos, las vuelve a anunciar (segunda vez que las vende), para más tarde hacer otro anuncio en el momento de se ejecución o, si siguen pendientes, como suele ocurrir, en el pleno de la modificación presupuestaria (tercera vez) y, por último (cuarta vez), cuando por fin se ejecuten. Mencionemos que en ocasiones ha incluido como inversiones lo que en realidad son reparaciones, hasta que el interventor municipal atajó esta práctica. Por tanto, la sensación de buena parte de la ciudadanía al leer incluso cuatro veces titulares muy similares es que el equipo de gobierno no deja de invertir y desarrollar distintos planes en los barrios. Como vemos, la realidad es que en muchas ocasiones ni siquiera se ejecuta lo aprobado, y que los presupuestos castigan las áreas donde menos votos obtiene el PP.

A esto, algunos lo llaman marketing político. Otros, simplemente, robo.

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